Venezuela estudia abandonar la OPEP tras 60 años

Desde que se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1960, Venezuela ha sido uno de sus pilares, pese a que en la última década su producción cayó de más de 2 millones a menos de 500 mil barriles por día. El anuncio de que el Ejecutivo está “analizando” una posible salida del grupo no es, por sí solo, una decisión; es una señal de que el país busca reconfigurar su estrategia energética frente a una crisis que combina sanciones internacionales, colapso de la infraestructura y una demanda interna que se vuelve cada vez más insaciable.

La información proviene de una reunión confidencial del Consejo de Ministros, donde el ministro de Petróleo, Tarek William Saad, habría indicado que la membresía en la OPEP ya no aporta los beneficios esperados. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la lógica es doble: primero, evitar las cuotas de producción que limitan la capacidad de Venezuela de vender a precios más altos; segundo, abrir la agenda a negociaciones directas con Estados Unidos, que, según documentos filtrados, estaría dispuesto a adquirir una participación significativa en los yacimientos del país a cambio de alivio de sanciones y asistencia tecnológica.

El giro hacia Washington genera preguntas incómodas. ¿Qué implica que un gobierno que se ha autodeclarado antiimperialista busque una alianza con el mismo poder que lideró las sanciones más duras? La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo esquiva. Los funcionarios estadounidenses, a través del Departamento de Estado, confirmaron que “existen conversaciones preliminares” con Caracas, pero no detallaron el alcance ni los términos. Lo que sí está claro es que la oferta incluye la posibilidad de que compañías americanas operen en campos estratégicos como el de Junín o el de Carabobo, a cambio de una reducción parcial de las restricciones financieras.

Esta postura plantea una contradicción interna que el gobierno aún no ha aclarado. Por un lado, Maduro ha utilizado la retórica de la soberanía petrolera para legitimar su permanencia en el poder; por otro, la posible cesión de participación a empresas extranjeras podría percibirse como una venta de la patria. Los analistas políticos advierten que la medida podría erosionar la base de apoyo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se sustenta en la defensa de los recursos nacionales. Sin embargo, la presión del colapso económico —inflación que supera el 250 % y una escasez crónica de combustible— podría empujar a la dirigencia a aceptar una “compra de sangre” para reactivar la industria.

En cuanto a la OPEP, la salida de Venezuela sería simbólicamente devastadora. El cartel, que ya ha perdido a Irán (suspendido en 2020) y a Libia (en guerra civil), cuenta ahora con 13 miembros. La partida de un productor que, aunque disminuido, sigue siendo el mayor reservorio de crudo del mundo, debilitaría la capacidad del grupo para coordinar precios y cuotas. Los economistas del Fondo Monetario Internacional han señalado que la cohesión de la OPEP depende tanto de la disciplina interna como de la percepción de que cada miembro tiene algo que perder al romper el acuerdo. La incertidumbre sobre la posición venezolana podría, a su vez, generar volatilidad en los mercados internacionales, algo que los países consumidores observarían con recelo.

No obstante, la propuesta venezolana aún tiene lagunas importantes. No se ha especificado si la salida sería formal, con la renuncia a la membresía, o simplemente una “suspensión” de las cuotas. Tampoco está claro cómo se gestionaría el proceso de “desvinculación” de los compromisos financieros que la OPEP impone a sus miembros, como los fondos de estabilización. Además, la falta de datos sobre la magnitud de la participación que EE. UU. buscaría adquirir deja una incógnita: ¿sería una minoría estratégica o una mayoría que controle la mayor parte de la producción? La respuesta determinará si la medida es un simple ajuste de política comercial o una auténtica reconfiguración del control del petróleo venezolano.

El escenario también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para negociar desde una posición de debilidad. La infraestructura petrolera venezolana está al borde del colapso; muchas instalaciones están inoperativas, y la falta de inversión ha provocado derrames y accidentes ambientales que han dañado la reputación del país como proveedor fiable. Si la salida de la OPEP se traduce en una mayor libertad para vender sin cuotas, pero sin la capacidad de producir, la medida podría resultar en una promesa vacía. En ese sentido, la presión de los compradores internacionales —China, India y Europa— para garantizar suministros estables podría forzar a Caracas a aceptar condiciones poco favorables.

En definitiva, la discusión sobre abandonar la OPEP abre más preguntas que respuestas. ¿Qué precio está dispuesto a pagar el gobierno para aliviar la crisis interna y qué sacrificios implica para la soberanía petrolera? ¿Cómo reaccionarán los demás miembros del cartel y los grandes consumidores ante la posible reconfiguración del equilibrio de poder en el mercado? Y, sobre todo, ¿qué garantías existen de que una alianza con