Congreso perdona 750 millones de deuda a Edenor y Edesur

El Congreso nacional dio luz verde a un perdón cruzado de deudas multimillonarias entre las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur y el Estado. La medida, incluida en el artículo 4° de un paquete de cambios en el mercado energético, busca cerrar los saldos acumulados durante los 20 años y medio de congelamiento de tarifas que comenzaron en 2002 y culminaron en 2025, con algunas excepciones intermedias.

Según la normativa aprobada, el Estado condonará a Edenor y Edesur sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Los montos reconocidos y regularizados ascienden a unos 450 millones de dólares para Edenor y 300 millones para Edesur, que podrán ser pagados en cuotas de hasta ocho años. A cambio, las compañías renunciarán a los “activos regulatorios”, es decir, a los reclamos por los congelamientos tarifarios que no están formalmente registrados.

Fuentes de alto nivel del sector estiman que el valor de esos activos regulatorios ronda los 2 mil millones de dólares para Edenor y 1,2 mil millones para Edesur. Directivos de la industria, sin embargo, calculan que la deuda del Estado no supera el doble de lo que deben las empresas: hasta 900 millones de dólares con Edenor y 600 millones con Edesur. Independientemente del cálculo, la condonación permitirá que ambas distribuidoras limpien sus balances de inmediato.

El acuerdo también incluye la renuncia a futuros reclamos judiciales contra el Estado. En el caso de Edesur, cuya mayor participación pertenece a ENEL, la empresa italiana desistirá de llevar el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, siguiendo la tendencia de otras multinacionales en los últimos años.

El paquete legislativo que contiene el perdón de deudas también contempla la reducción o eliminación de los beneficios en la boleta de gas para la “zona fría”, que afecta a 4,1 millones de usuarios. Además, se extendió la estabilidad fiscal para las energías renovables por 20 años más, y se habilitó un crédito sobre los acuerdos de regularización de deuda que las distribuidoras asumieron con Cammesa.

Una vez reglamentada la ley, el Estado determinará las diferencias actualizadas de ingresos percibidos por las distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal, comparándolos con los ingresos que les habrían correspondido bajo los contratos de concesión originales. En la práctica, esto significa que el Estado reconocerá un pasivo contingente –una deuda no oficializada–, pero quedará exento de pagarlo, mientras que las empresas verán su situación contable normalizada.

El proyecto también menciona a las transportistas bajo jurisdicción federal, como Transener. En su caso, el Estado podrá condonar futuras multas por fallas en sus líneas de alta tensión, aunque actualmente no existen deudas pendientes.

En síntesis, el perdón de 750 millones de dólares busca cerrar una larga etapa de desequilibrios tarifarios, aliviando la carga financiera de Edenor y Edesur y evitando litigios prolongados. La medida se inscribe dentro de una agenda más amplia de reformas al sector energético que, según sus promotores, debería traducirse en mayor estabilidad para los usuarios y en un marco más predecible para la inversión en el país.