Cura rockero dice que Álvarez debe pagar, pero necesita ayuda
El músico “Pity” Álvarez declaró por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, llegando a la sala con una boa de piel y una remera que decía “La gente manda”. Su amigo, el cura rockero César Scicchitano Tagle, sostuvo que el acusado tiene que pagar, pero también requiere tratamiento psiquiátrico.
El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz se reanudó este lunes a las 12, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. En la audiencia número 17 del debate, Álvarez pidió declarar por primera vez desde el inicio del proceso. Acompañado de médicos y con dificultades para ordenar su relato, el cantante admitió ante los jueces: “Estoy muy nervioso, me cayeron muchas fichas. Pensé que no iba a poder declarar”.
Álvarez sigue internado de forma involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre. Fue trasladado en ambulancia a la sede judicial de la calle Paraguay 1500, ingresando con una boa de piel marrón, anteojos de sol y una remera con la inscripción “La gente manda”. Durante su declaración aseguró que Díaz estaba armado y afirmó: “Yo estaba acorralado por un tipo peligroso”.
Tras concluir su testimonio, el padre César Scicchitano Tagle, cura rockero y amigo del acusado, habló a los medios. Declaró que cree que Álvarez “debe pagar” por lo que hizo, pero subrayó que la Justicia debe considerar que se trata de un paciente psiquiátrico con problemas de adicción que necesita ayuda. “Yo no soy juez, así que no conozco de leyes. Conozco de otras cosas humanas, en donde un ser humano, obviamente, por una cosa así tiene que pagar. Yo no estoy diciendo que no. El tema es de qué manera, cómo, y también viendo la situación, cómo fue”, señaló. Añadió: “A mí me parece que él tiene que pagar de alguna manera, pero creo que también necesita ayuda por todo lo que es su problemática de adicción. Es una adicción muy fuerte la que…”.
El caso plantea la cuestión de cómo equilibrar la exigencia de una sanción con la necesidad de tratamiento psiquiátrico que la justicia deberá considerar.
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