Detienen a 15 guardias de la Unidad 51 por torturas y abusos

El 3 de junio de 2024 se registró una represión que, según los testimonios recabados, dejó una serie de víctimas con marcas de violencia física y psicológica en la Unidad Penitenciaria 51, ubicada en el municipio de Magdalena, provincia de Buenos Aires. La investigación, que lleva a cabo el juzgado de garantías penales del distrito, culminó el viernes con la orden de detención preventiva de quince empleados de la institución, entre ellos agentes de seguridad y personal administrativo.

La decisión judicial se dio a raíz de denuncias presentadas por varios internos, entre los que destaca la declaración de una mujer que relató haber sido obligada a besar las botas de una penitenciaria como forma de humillación. “Me pidió que le diera un beso a sus botas y, si no lo hacía, me golpeaba. No podía negarme”, relató la interna, que prefirió mantenerse anónima por temor a represalias. Además de ese episodio, otras víctimas describieron la aplicación de la técnica conocida como “submarino seco”, que consiste en inmersión forzada del prisionero en agua sin oxígeno, provocando una sensación de ahogo. En algunos casos, los agentes emplearon gas pimienta para someter a los internos, lo que generó quemaduras en la piel y dificultades respiratorias.

El fiscal a cargo de la causa, Juan Manuel Ríos, sostuvo que los hechos constituyen delitos de tortura y abuso sexual, y que la gravedad de las acusaciones obliga a la medida de detención preventiva para evitar la destrucción de pruebas y la posible intimidación de testigos. “No se trata de un caso aislado, sino de una pauta de violencia institucional que se ha venido gestando en la unidad”, indicó Ríos durante una rueda de prensa. El fiscal también informó que se están ampliando las investigaciones a otros empleados de la cárcel que podrían haber participado o encubierto los hechos.

El Ministerio de Justicia de la provincia, que había intervenido en la Unidad 51 en enero de este año, confirmó que había "descabezado" la cúpula directiva después de que una auditoría interna clasificara la situación como “gravísima”. Según el comunicado oficial, la intervención incluyó la remoción del director de la unidad y la suspensión de varios jefes de área, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del establecimiento penitenciario. El ministro de Justicia, Lilia Fernández, manifestó que la reciente detención de los quince empleados “refuerza el compromiso del gobierno provincial con la erradicación de cualquier forma de violencia dentro de los centros penitenciarios”.

Los defensores de los derechos humanos han seguido de cerca el caso. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que pidió una investigación exhaustiva y la garantía de protección a los internos que colaboren con la justicia. “Los testimonios de los internos son esenciales para esclarecer la magnitud de los abusos y para que los responsables respondan ante la ley”, señaló el portavoz de la CNDH, Alejandro Gutiérrez. La organización también solicitó que se habiliten canales de denuncia seguros y anónimos, y que se realice un seguimiento independiente de la unidad mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

A nivel sindical, el sindicato de trabajadores penitenciarios (SUTP) manifestó su preocupación por la posible estigmatización de todo el personal carcelario. “No debemos confundir a los responsables directos con la mayoría de los empleados, que laboran bajo condiciones difíciles y con escaso respaldo institucional”, afirmó la presidenta del sindicato, María del Carmen Ledesma. Sin embargo, reconoció que los hechos denunciados son graves y que la institución debe tomar medidas para prevenir futuros abusos.

Los antecedentes de la Unidad 51 incluyen denuncias previas de sobrepoblación, falta de personal y deficiencias en la infraestructura que dificultaban la supervisión adecuada de los internos. En 2022, la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia había emitido un informe que señalaba la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y de capacitar al personal en el trato respetuoso de los internos. Aquellas recomendaciones, según el informe, no se habían implementado de manera completa.

En cuanto al proceso judicial, la defensa de los detenidos aún no ha presentado una respuesta formal a la orden de detención. Los abogados de la defensa argumentan que la medida es excesiva y que se están vulnerando los derechos de sus representados, quienes, según ellos, no han sido formalmente acusados de los delitos que se les imputan. El juez que lleva el caso, la magistrada Claudia Pereyra, recordó que la detención preventiva es una herramienta excepcional que se aplica cuando existen riesgos claros de fuga, de alteración de pruebas o de intimidación a los testigos