Detienen a Gabriel Oviedo, séptimo sospechoso del asesinato narco de Candela
La policía bonaerense capturó al joven de 23 años en La Tablada tras rastrear su salida en cámaras de seguridad. Es el séptimo detenido en el caso de la muerte de la menor de 14 años y la detención vuelve a poner sobre la mesa las sospechas de encubrimiento policial en La Matanza.
El viernes por la noche la Superintendencia AMBA Oeste I de la Policía Bonaerense dio una nueva pieza al rompecabezas del crimen que conmocionó a La Matanza a inicios de julio. Gabriel Oviedo, de 23 años y oriundo de Virrey del Pino, fue interceptado en la esquina de Franklin y Moreno, en La Tablada, cuando intentó huir tras ser identificado por las cámaras de seguridad del barrio. Según informó el fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de homicidios de La Matanza, Oviedo forma parte del grupo que disparó contra Candela Urquiza, la niña de 14 años que quedó con un tiro en la cabeza mientras dos bandas se disputaban el control de un “bunker” de droga en la zona.
La captura de Oviedo no fue fortuita. La investigación de la fiscalía se apoyó en la revisión de los videos de los circuitos de vigilancia que mostraron al sospechoso con una pistola en la mano, alejándose del escenario del tiroteo. El mismo método de rastreo había sido clave en la detención del día anterior de Jonathan Rasgido, otro habitante de Virrey del Pino que ya había sido puesto bajo custodia por la Comisaría 3° del mismo barrio. Rasgido, con antecedentes por encubrimiento y violencia de género, también fue señalado por las cámaras, pero se negó a declarar y quedó detenido.
Si bien la evidencia visual parece contundente, la nota oficial deja varios vacíos que complican la comprensión del caso. No se detallan los cargos específicos que se le imputan a Oviedo ni la manera exacta en que habría participado en el tiroteo. Tampoco se indica si existen testimonios de testigos presenciales, balística o peritajes que corroboren la versión de la fiscalía. En un proceso tan mediático, la ausencia de estos datos genera dudas sobre la solidez de la acusación y alimenta la desconfianza de la comunidad.
El caso de Candela no se reduce a la captura de individuos aislados; el propio fiscal Fornaro ha señalado la existencia de “firmes sospechas” sobre tres policías que, presuntamente, habrían encubierto a los narcos involucrados en el asesinato. Hasta la fecha, ninguno de esos oficiales ha sido detenido. La falta de avances en esa línea de investigación plantea preguntas difíciles: ¿qué mecanismos de supervisión existen dentro de la fuerza para impedir que sus propios miembros protejan a criminales? ¿Por qué los sospechosos policiales siguen libres mientras se persiguen a los presuntos ejecutores?
El contexto institucional tampoco ayuda a disipar la incertidumbre. En los últimos meses la nueva conducción de la Superintendencia AMBA Oeste I removió de sus puestos a once oficiales de alto rango en la jurisdicción, alegando la necesidad de “renovar” la gestión frente al incremento de homicidios narco. Sin embargo, la medida no ha sido acompañada de una explicación clara sobre la naturaleza de los supuestos errores o negligencias que motivaron esos cambios. El hecho de que la misma autoridad que dirige la investigación también haya realizado una reestructuración masiva genera la impresión de una respuesta reactiva más que preventiva.
Otro punto que se queda en el aire es el propio desarrollo del crimen. Según la información disponible, Candela quedó atrapada en el fuego cruzado de dos bandas que se disputaban el control de un “bunker” de droga en Virrey del Pino el 2 de julio. La víctima recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.
