Dos consorcios compiten por el 90 % de Aysa
El Gobierno anunció que la venta de la mayor parte de la empresa estatal de agua y saneamiento avanzó a la fase definitiva, con dos grupos cumpliendo los requisitos técnicos. La adjudicación se decidirá solo por el precio que ofrezcan por el paquete accionario, mientras que la tarifa del servicio se mantendrá baja al menos hasta 2031.
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), que presta el servicio a cerca de 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entró esta semana en la etapa final. El presidente de la compañía, Alejo Maxit, explicó que el objetivo es vender el 90 % de las acciones que posee el Estado, manteniendo el 10 % restante en manos de los empleados.
El contrato de concesión, que se firmará por 30 años y podrá prorrogarse diez años más, ya incluye los objetivos en materia de obras, calidad del servicio y estándares operativos. Asimismo, las actualizaciones tarifarias previstas para los primeros cinco años de la concesión fueron incorporadas al pliego, de modo que el precio del agua seguirá siendo la proporción más baja de la canasta familiar en América Latina durante ese periodo.
De los 17 interesados que se registraron inicialmente, solo ocho lograron cumplir los requisitos técnicos y se agruparon en dos consorcios. El primero está liderado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações, junto al grupo argentino Equipav, y cuenta con la participación de las firmas locales Rowing y Transclor, además del vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V. Transclor, vinculado a Mauricio Filiberti, posee una participación minoritaria en el consorcio.
El segundo consorcio está encabezado por el Grupo Roggio, propietario de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, y cuenta con el respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El Grupo Roggio también controla, a través de su unidad Benito Roggio Transporte, la empresa Emova Movilidad, ex Metrovías, que opera líneas de subte y premetro en la capital.
El pliego exigía que cada oferta incluyera un operador técnico con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento, y que dicho operador tuviera al menos el 15 % de participación dentro del consorcio. Maxit describió el proceso como “super complejo”, señalando que la escasez de postores con el perfil requerido es similar a la que se vivió en otras privatizaciones de agua de la región, como la de Corsan en Brasil.
Una vez superada la fase técnica, la competencia se reduce a una única variable: el monto que cada consorcio esté dispuesto a pagar por el paquete accionario. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) calculó un valor de referencia encriptado, que sirve solo como referencia indicativa para la comisión evaluadora. Según informes, el Ministerio de Economía espera que la oferta se sitúe alrededor de los 500 millones de dólares, aunque la cifra exacta no se ha hecho pública.
Maxit subrayó que, tras la evaluación técnica, “gana el más alto”. La decisión final se tomará cuando se abran los sobres con las ofertas económicas.
En cuanto a la tarifa, el funcionario indicó que la proporción del gasto en agua y saneamiento dentro de la canasta familiar es actualmente la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer ciclo tarifario, que abarca de 2027 a 2031. No se anunciaron cambios inmediatos en los precios para los usuarios.
Con la venta del 90 % de Aysa, el Estado pasará a ser accionista minoritario, mientras que la empresa seguirá operando bajo el mismo CUIT y mantendrá los compromisos contractuales vigentes. El proceso avanza ahora hacia la apertura de sobres y la definición del ganador, que determinará quién asumirá la gestión del servicio de agua y saneamiento en la mayor zona metropolitana del país.
