Falleció un recolector bajo un camión de basura y la justicia apunta a su compañero

El pasado lunes, en la zona conocida como paraje Mistol, cerca del basural municipal, un camión de basura volcó y arrolló a uno de sus propios operarios. El hombre, de 38 años, quedaría sin vida en el lugar mientras los demás miembros de la brigada llamaban a los servicios de emergencia. El vehículo, propiedad de la empresa pública de gestión de residuos, quedó parcialmente destrozado, y la prensa local confirmó que el conductor del camión, su compañero de trabajo, fue detenido y puesto a disposición judicial para ser interrogado.

La noticia no solo conmocionó a los vecinos del barrio, sino que también encendió la polémica sobre la seguridad en el sector de la basura, un rubro que suele operar en condiciones de alta exposición a riesgos físicos y a la falta de equipamiento adecuado. ¿Cómo es que un accidente de esa magnitud pudo suceder en pleno día laboral, con dos trabajadores dentro del mismo vehículo? La investigación de la Fiscalía de Santiago del Estero ya ha señalado que el conductor podría haber incurrido en una “omisión de deber”, aunque aún no se han publicado cargos formales.

Según datos de la Dirección Provincial de Trabajo, en los últimos cinco años se registraron ocho accidentes mortales vinculados a la recolección de residuos en la provincia, y más de treinta incidentes graves que dejaron a trabajadores con lesiones permanentes. La mayoría de estos hechos se produjeron por vuelcos de camiones o por caídas desde plataformas elevadas. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, en muchos casos, insuficiente: los protocolos de seguridad que rigen la operación de los camiones no siempre se cumplen, y la capacitación de los conductores sigue siendo esporádica.

El sindicato de trabajadores de la gestión de residuos, liderado por el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos en Santiago del Estero, denunció “una falta de supervisión sistemática” y pidió la creación de un registro de incidentes que sea público y actualizado. “No basta con sancionar al conductor después del hecho; la verdadera cuestión es por qué se permitió que el camión estuviera en una condición que favoreciera el vuelco”, afirmó el dirigente en una entrevista telefónica. El sindicato también solicitó la revisión de los horarios de carga y descarga, que según ellos “se ven forzados por la presión de cumplir metas de recolección en tiempo récord”.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa municipal de residuos, que administra la flota de camiones, emitieron un comunicado en el que aseguraron que “se activarán auditorías internas” y que “se reforzarán los cursos de manejo defensivo para todos los conductores”. No se dieron detalles sobre si el camión involucrado presentaba fallas técnicas, ni se mencionó la existencia de un plan de mantenimiento preventivo. La ausencia de información concreta genera dudas: si el accidente fue producto de un error humano, ¿por qué la empresa no había detectado previamente conductas de riesgo?

Los vecinos del paraje Mistol, que viven a escasos metros del basural, también expresaron su preocupación. “Siempre escuchamos el ruido de los camiones, pero nunca pensamos que algo así pudiera pasar aquí, tan cerca de nuestras casas”, comentó una madre de familia que prefirió no revelar su nombre. La comunidad ha pedido mayor control de los horarios de paso de los camiones, alegando que el ruido y el polvo ya son una carga diaria.

El caso también abre la discusión sobre la legislación provincial en materia de seguridad laboral. La Ley 20.123, que regula la actividad de recolección de residuos, establece la obligatoriedad de equipos de protección personal y la realización de inspecciones técnicas trimestrales a los vehículos. Sin embargo, la fiscalía señaló que “no se encontró evidencia de una inspección reciente del camión” y que el registro de mantenimientos presentaba lagunas. Esta falta de trazabilidad complica la tarea de determinar si la empresa incurrió en negligencia administrativa.

Mientras tanto, la defensa del conductor argumenta que el accidente fue consecuencia de “una maniobra inesperada del vehículo al intentar sortear un obstáculo en la carretera de acceso al basural”. Según el testimonio de otro operario, el camión habría frenado bruscamente para evitar un derrame de residuos que se había acumulado en la vía, provocando el vuelco. Si bien esa versión abre la posibilidad de un accidente inevitable, la Fiscalía aún debe dilucidar si existían alternativas seguras, o si la presión por cumplir con los horarios de recolección influyó en la decisión del conductor.

El proceso judicial se encuentra en una fase preliminar, pero ya se vislumbra la necesidad de una revisión profunda del marco regulatorio y de los procedimientos internos de la empresa de residuos. La muerte del recolector no solo deja a una familia sin sustento, sino que pone en evidencia una cadena de fallas que atraviesa la gestión de residuos, la supervisión estatal y la cultura de seguridad en el trabajo.

En los próximos días, la Fiscalía presentará los cargos preliminares y la empresa municipal deberá rendir cuentas ante la sociedad. Lo que queda claro es que la tragedia no se resolverá solo con una condena al conductor; la raíz del problema pasa por la falta de protocolos claros, la escasa fiscalización y la presión operativa que a menudo prioriza la cantidad sobre la seguridad. La pregunta que queda abierta es: ¿se implementarán cambios reales antes de que otro trabajador sufra el mismo destino? La respuesta dependerá de la voluntad política y del empuje de los sindicatos y la comunidad para exigir un entorno laboral que no ponga en juego la vida de quienes hacen el trabajo sucio que todos evitamos.