Irán sentencia a muerte a activista por una cuenta de X
Amirhosein Musavi, de 40 años, fue condenado a la pena capital por “corrupción en la tierra”, un delito que la justicia iraní vinculó a su presunta gestión anónima de la cuenta @james_bidin en X. La medida, anunciada mientras el país registra una ola de ejecuciones y detenciones masivas, vuelve a poner en la mira el uso de la muerte como herramienta de control político.
La Justicia de Irán condenó a muerte a Amirhosein Musavi, quien había sido detenido desde diciembre de 2024 por publicaciones en redes sociales, según informó su abogado Reza Shafakhah y confirmaron organizaciones defensoras de los derechos humanos. Musavi, de 40 años, fue declarado culpable del delito de “corrupción en la tierra”, castigado con la pena capital, y la sentencia se vinculó a la actividad de la cuenta de X “James B. Dean”, que él presuntamente administraba de forma anónima bajo el usuario @james_bidin.
El abogado de Musavi anunció en X que la condena se dio “en relación con la actividad en línea de la cuenta de Twitter ‘James B. Dean’”. Las autoridades identificaron a Musavi como responsable de la cuenta y lo detuvieron en el aeropuerto de Teherán cuando intentaba viajar a la isla de Kish, en el golfo Pérsico.
La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, sostuvo que la condena responde a su “disidencia en línea” contra el gobierno iraní. IHR también señaló que Musavi apareció en octubre de 2025 en la televisión estatal, donde realizó confesiones en un reportaje que lo acusó de actuar como agente israelí para incitar a las protestas nacionales de 2022; posteriormente se retractó de esas declaraciones.
En el mismo contexto, IHR informó que Irán ejecutó a 36 hombres vinculados con las protestas de enero de 2026. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que Irán intensificó la represión y amplió el uso de la pena de muerte tras las protestas registradas entre finales de diciembre y mediados de febrero. En un informe distribuido a la Asamblea General, Guterres indicó que 151 personas fueron ejecutadas en los primeros tres meses de 2026 y que la pena capital parece usarse como medio de control, con un efecto disuasorio sobre activistas y quienes son percibidos como amenaza para la seguridad nacional.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que al menos 53 777 personas fueron detenidas por supuesta vinculación con las protestas ocurridas entre el 25 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026. El mismo informe recogió denuncias de torturas y malos tratos, entre ellos violencia sexual, palizas graves, ahogamiento simulado y aislamiento prolongado. Las autoridades justificaron estas medidas invocando la seguridad nacional tras la escalada de hostilidades del 28 de febrero, ampliando así el uso de la pena de muerte, las detenciones masivas y los arrestos.
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