Lorenzetti pide ampliar la Corte y alerta sobre riesgos de IA

Ricardo Lorenzetti, quien fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló el sábado con la periodista Catalina De Elía en el programa Cata de Noticias de Radio Con Vos. En la entrevista, el jurista se centró en la composición actual del máximo tribunal y en una serie de cuestiones que, según él, ponen en riesgo la legitimidad de la Justicia.

Lorenzetti sostuvo que la Corte, compuesta hoy por solo tres miembros, concentra “demasiado poder para tres personas” y que esa concentración “tiene que haber diversidad”. Preguntó implícitamente por qué, a décadas de la reforma constitucional, no se ha ampliado la integración del tribunal, y qué criterios rigen la permanencia de esa estructura.

Aseguró que “no existe proscripción, no hay nadie proscripto hoy en la Argentina”, y explicó que la Corte no analizó la cuestión de la inhabilitación porque la defensa fue rechazada por falta de fundamentación y porque el tema no había sido planteado en esos términos. La ausencia de una decisión sobre inhabilitación deja abierta la duda sobre la efectividad de los mecanismos de control político.

El ex ministro recordó que la Corte intervino en dos causas colectivas relacionadas con la Ley de Tierras y el artículo 154 del DNU 70/2023; en una de ellas la asociación demandante fue rechazada por falta de legitimación procesal. La falta de legitimación, según Lorenzetti, evidencia una barrera que impide que ciertos actores accedan a la justicia colectiva.

En la entrevista también rememoró la sentencia de 2006 sobre el Riachuelo, en la que la Corte defendió la protección del recurso hídrico frente a la oposición del gobierno de entonces y de la exsecretaria de Ambiente Romina Picolotti. Asimismo, señaló que en 2009 el gobierno vetó la Ley de Glaciares y que la Corte respaldó esa normativa, subrayando la influencia del tribunal en decisiones de política ambiental.

Sobre el segundo expediente mencionado, Lorenzetti indicó que él y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideraron dictar una medida cautelar, mientras que el magistrado Carlos Rosenkrantz sostuvo una posición distinta. La divergencia interna plantea la cuestión de cuán homogénea es la toma de decisiones en una Corte de tan escasa composición.

El jurista advirtió que la inteligencia artificial “puede afectar el empleo” y defendió la necesidad de proteger la libertad de expresión. Reclamó completar la integración de la Corte Suprema, que “actualmente funciona con tres jueces”, y sostuvo que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad “no alcanza, por sí sola, para resolver los problemas del sistema penal”. Su pregunta retórica – “Si tomamos la decisión de ponerlos a todos presos, ¿a dónde van? ¿Van a ser mejores personas o mejores delincuentes?” – pone en evidencia la complejidad del tema.

Finalmente, Lorenzetti alertó que las decisiones judiciales podrían convertirse en motivo de persecución política, erosionando la confianza pública en la Justicia. Insistió en que los reclamos deben canalizarse a través de los mecanismos institucionales correspondientes y no limitarse a la discusión en redes sociales, dejando abierta la interrogante de si el actual marco institucional permite esa canalización eficaz.