El Estado ya perdió 23.450 empleos: el Correo recortó 34% de su personal

La reducción del tamaño del Estado sigue siendo uno de los ejes de la gestión de Javier Milei. Según datos del INDEC, la plantilla de todas las empresas y sociedades del Estado se redujo en 23 450 puestos, pasando de 110 259 personas en noviembre de 2023 a 86 809 en septiembre de 2026, lo que equivale a una baja del 21 %.

El presidente sostiene que la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado y que, al achicar las plantas de personal y la infraestructura de las compañías públicas, se busca bajar el gasto público y sostener el superávit fiscal. Los informes oficiales indican que la planta del Estado nacional disminuyó en todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades.

Entre las compañías más afectadas, El Correo Argentino redujo su personal de 16 897 a 11 210 empleados, una caída de 5 687 puestos (34 %). Operadora Ferroviaria pasó de 23 834 a 19 408 trabajadores (baja de 4 426, 19 %). El Banco de la Nación Argentina disminuyó de 17 806 a 15 427 empleados (2 379 puestos, 13 %). Aerolíneas Argentinas recortó 1 969 puestos, de 11 899 a 9 930 empleados (17 %). Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) bajó de 7 799 a 5 891 trabajadores, una reducción de 1 908 personas (24 %).

Las cinco compañías citadas explican una reducción total de 16 369 empleados, casi el 70 % del recorte total. Otras entidades también vieron disminuciones: Corredores Viales pasó de 3 940 a 3 245 empleados (695 menos); Belgrano Cargas y Logística de 4 631 a 3 999 (632 menos); Télam, transformada en la Agencia de Publicidad del Estado, cayó de 810 a 169 empleados (641 puestos, 79 %). Educar redujo su plantilla de 446 a 167 trabajadores (63 %); Contenidos Públicos pasó de 234 a 99 empleados (58 %); Casa de Moneda bajó de 1 411 a 694 trabajadores (717 menos, 51 %).

La fuente no detalla cómo estos recortes afectan la calidad de los servicios que brindan las empresas estatales, ni indica si se han alcanzado los ahorros esperados. Sin esa información, queda abierto el debate sobre si la política de reducción de personal está cumpliendo con los objetivos fiscales sin comprometer la operatividad del Estado.