Obras sociales se funden mientras ministro Lugones sigue sin responder

La situación de las obras sociales se empeora semana a semana. Los recortes de prestaciones y los atrasos en los pagos obligan a la CGT a desviar recursos millonarios de los sindicatos para mantener el sistema de salud, lo que a su vez complica la operatividad de las propias organizaciones sindicales.

Hace un mes, Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, denunció en el programa de Carlos Pagni (LN+) que “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”. Añadió que “todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras”. Ante ese panorama, Barrionuevo exigió al gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Tras tres reuniones reservadas con la CGT en la sede de la UOCRA, el ministro Mario Lugones sigue sin responder a las propuestas presentadas. Expertos cegetistas que acompañan al informe de la central sindical califican la crisis como “casi terminal”.

Según fuentes de la CGT, alrededor del 90 % del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) se destina hoy a prestaciones por discapacidad, con un gasto que ronda el millón de pesos por afiliado en promedio y que representa unos 160 mil millones de pesos al mes. La participación de esas prestaciones pasó del 22 % del FDS en 2017 al 37 % en 2019, al 50 % en 2019 y hoy está cerca del 90 %.

La CGT reclamó que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean asumidos por los ministerios correspondientes y girados al FSR, una petición que ya había planteado sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, describió la situación a Infobae como “una encerrona”. “La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social… la caída del poder adquisitivo del salario… obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede… termina judicializándose. Esto es una olla a presión”, sostuvo.

El informe de la CGT también alertó que más de 11 millones de beneficiarios (78,5 % del padrón) no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Quedan sin respuesta preguntas clave: ¿por qué el ministro Lugones no ha respondido a las propuestas de la CGT? ¿Qué medidas concretas se podrían adoptar para frenar la absorción del FSR por la discapacidad y reequilibrar el financiamiento del sistema? La falta de una salida clara mantiene la presión sobre un modelo que, según los propios expertos, roza el colapso.