Olavarría impone entre 700 y 850 dólares por MW a parques eólicos
El municipio bonaerense, encabezado por Maximiliano Wesner, cerró un acuerdo de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que le generará entre 360.000 y 380.000 dólares al año. La medida reaparece en medio de dos fallos de la Corte Suprema que podrían redefinir el alcance de los gravámenes municipales a la energía renovable.
En los últimos días el municipio de Olavarría (Bs. As.) anunció la forma definitiva de la “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene” (TISH) que aplicará a los parques eólicos instalados en su zona. Después de una primera propuesta del 1,38 % sobre la facturación total y de un intento de cobrar 5.200 dólares anuales por cada aerogenerador, la autoridad local –liderada por el intendente camporista Maximiliano Wesner– acordó una tarifa variable de 700 a 850 dólares por megavatio (MW) de potencia instalada. La escala es inversa: a mayor potencia, menor costo por MW.
Con cuatro parques en funcionamiento y otro a punto de arrancar, el total de aerogeneradores llega a 82, con una potencia combinada que supera los 460 MW. Los proyectos son:
* Parque Eólico Cementos Avellaneda (YPF Luz y la cementera del mismo nombre), 9 aerogeneradores y 84 MW.
* Parque Eólico Olavarría (PCR y Arcelor Mittal Acindar), 30 aerogeneradores, 184 MW y una inversión de 276 millones de dólares; su puesta en marcha está prevista entre diciembre y enero próximos.
* Vientos de Olavarría y La Rinconada (grupo Techint), 43 aerogeneradores y 194 MW en conjunto.
Según el acuerdo, la recaudación anual del municipio quedará entre 360.000 y 380.000 dólares, equivalentes a entre 540 y 570 millones de pesos al tipo de cambio oficial vigente. Esa cifra es mucho menor que la que habría supuesto la tasa del 1,38 % sobre la facturación total, pero sigue representando un ingreso “respetable” para una localidad de 125.000 habitantes y 2.600 empleados municipales.
El debate sobre la TISH revive la polémica del llamado “impuesto al viento” que, en 2020, intentó imponerse en Puerto Madryn. En esa ocasión, empresas como Genneia y PAE llevaron el caso a la Justicia federal y la medida fue suspendida por considerarse un gravamen encubierto a la energía renovable. La normativa nacional, a través del artículo 17 de la Ley 27.191, prohíbe gravámenes municipales a energías renovables hasta diciembre de 2025; esa prohibición está próxima a prorrogarse hasta 2045 tras la media sanción del Senado y el dictamen mayoritario de la Cámara.
En el fondo del asunto están dos fallos recientes de la Corte Suprema que analizaron la constitucionalidad de impuestos municipales a proyectos de generación limpia. Si esos precedentes confirman la prohibición, la TISH de Olavarría tendría que ser anulada o modificada. Por el momento, el municipio ha sellado una “paz fiscal” de veinte años con los operadores, a cambio de estabilidad tributaria y de la promesa de que la inspección se limitará a los controles ya previstos por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y la Secretaría de Energía.
Las empresas involucradas calificaron el acuerdo como “lo mejor que se pudo alcanzar”, aunque señalaron que la tasa sigue sin ser la ideal. Desde la perspectiva municipal, la recaudación se destina a financiar servicios locales; un informe de la Fundación Libertad y el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) mostró que en 2025 el gasto del Concejo Deliberante representó el 1,07 % del presupuesto municipal, con un costo promedio de 55 millones de pesos por concejal, por debajo del promedio de 76 municipios analizados.
El caso de Olavarría ilustra la tensión entre la necesidad de recursos de los gobiernos
