Stornelli abre causa penal contra Desire Petroleum por Malvinas

El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía Federal, solicitó la apertura de una causa penal contra la empresa británica Desire Petroleum Limited. La investigación parte de una denuncia del canciller Pablo Quirno y se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el magistrado Ariel Lijo, bajo el expediente CFP 4492/2026.

Stornelli pidió que se determine si las conductas atribuidas a la petrolera encajan en la Ley 26.659, la normativa que sanciona la exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La ley contempla penas de prisión de cinco a quince años, según la gravedad del delito. En su dictamen, el fiscal señaló que los hechos podrían encuadrarse en los artículos 7, incisos 1 y 2, y, en su caso, en los artículos 8 y 9 de la misma norma. Además, dejó abierta la posibilidad de investigar delitos contra el medio ambiente, infracciones aduaneras y lavado de activos si surgieran nuevos elementos.

La denuncia se sustenta en antecedentes que se remontan a 2012, cuando la Secretaría de Energía emitió la Resolución 130 declarando ilegales las actividades de Desire Petroleum en la zona y calificándolas de clandestinas por falta de autorización argentina. Un año después, la Resolución 457 inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país, al considerar que utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas instaladas en las islas.

A pesar de esas resoluciones, la documentación incorporada al expediente indica que Desire Petroleum mantendría participaciones en varias licencias de exploración. En marzo de 2026 la compañía figuraba con un 32 % en las licencias PL003a y PL003b, un 30 % en PL004a, PL004b y PL004c, y un 35 % en la licencia PL005. La empresa también aparecería vinculada al Grupo Rockhopper, aunque la naturaleza exacta de esa relación no quedó clara en la denuncia.

Stornelli solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, así como la documentación societaria de Desire Petroleum: estatutos, modificaciones, composición accionaria y autoridades desde su fundación. A la Jefatura de Gabinete le pidió información sobre denuncias o actuaciones iniciadas desde 2012 por posibles impactos ambientales. Al Ministerio de Seguridad le requirió datos sobre cualquier registro de actividades hidrocarburíferas en la zona y, de existir, la identificación de eventuales intervenciones judiciales. Asimismo, la fiscalía pidió a la Procuración del Tesoro y a la Procuración General de la Nación que entreguen antecedentes vinculados a la empresa.

En el plano internacional, Stornelli pidió que se envíe un exhorto al Reino Unido mediante los mecanismos de cooperación penal para obtener información societaria de Desire Petroleum y del Grupo Rockhopper, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012, y conseguir los documentos de las licencias que supuestamente respaldan sus operaciones en la zona.

Quedan varias incógnitas. La denuncia menciona “actividades de exploración o explotación” desde al menos 2012, pero la fuente no detalla si hubo alguna intervención directa de autoridades argentinas en los últimos meses. Tampoco se conoce si la empresa ha respondido a los requerimientos de la fiscalía ni qué información concreta podría aportar el Reino Unido bajo los acuerdos de cooperación penal. Por otro lado, la relación con el Grupo Rockhopper se menciona sin explicar si esa sociedad actúa como fachada o si posee intereses propios en la zona.

En definitiva, la causa abre un nuevo frente legal en torno a la disputa por la soberanía de la Plataforma Continental cercana a las Malvinas. El proceso judicial recién comienza, y la respuesta de Desire Petroleum, así como la efectividad de la cooperación internacional, serán claves para definir si la empresa será sancionada bajo la Ley 26.659 o si la investigación se diluirá en la complejidad de la jurisdicción marítima entre Argentina y el Reino Unido.