AFA intentó mudar su domicilio a Buenos Aires y la Corte lo bloqueó

La Corte Suprema de Justicia falló este jueves 05/11 contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por partida triple. En materia penal, los magistrados Horacio Rosatti (con voto propio), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impidieron que la causa por “administración fraudulenta” sea remitida al juzgado federal de Campana, manteniéndola bajo la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11 de CABA, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

En el plano civil, la Corte anuló un fallo que había evitado los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ). Asimismo, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Civil que había favorecido a la AFA y que ponía fin al control que la IGJ podía ejercer tras la mudanza de la entidad a la provincia de Buenos Aires. Los jueces calificaron de “arbitrario” el fallo de la Cámara Civil firmado en junio del año pasado.

La asamblea de la AFA del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad modificar su estatuto para declarar que el domicilio social se encuentra en la Provincia de Buenos Aires. La IGJ rechazó la inscripción del cambio de jurisdicción y ordenó inspecciones sobre la sede declarada en Pilar por supuestas “graves irregularidades” en los procesos administrativos.

La Corte precisó que el argumento de la AFA es “incorrecto y ajeno a las normas que resultan aplicables”, y sostuvo que la cancelación de la inscripción en la jurisdicción de origen es requisito necesario para cualquier trámite de cambio de domicilio. Mientras no se produzca, la entidad sigue sujeta a la fiscalización del órgano correspondiente a la jurisdicción de origen.

El juez Adrián González Charvay, del juzgado federal de Campana, había concentrado una investigación por lavado de activos vinculada a una mansión en Pilar y había pedido a la jueza Petazzi que se inhibiera de seguir investigando la denuncia por administración fraudulenta presentada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven. Tofoni acusó a Chiqui Tapia y a otros directivos de la AFA de desviar ingresos de contratos de partidos amistosos mediante transferencias sin justificación.

El expediente, inicialmente radicado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11 de CABA, fue solicitado por el juez González Charvay para ser transferido, argumentando que estaba investigando otra denuncia (“Pantano”) sobre la adquisición de la mansión en Pilar, iniciada por Elisa Carrió. Carrió alegó que la propiedad había sido comprada por una “empresa pantalla” llamada “Real Central SRL” con fondos provenientes de la AFA desviados en favor de su tesorero.