Corte Suprema frena tres demandas del Gobierno contra la AFA
Los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz resolvieron casos que enfrentan al Ejecutivo con la Asociación del Fútbol Argentino. La IGJ mantiene la fiscalización mientras la entidad no cambie su domicilio, y la justicia de CABA tomó la posta en los procesos penales.
La Corte Suprema de la Nación resolvió una serie de casos de alto impacto político entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la firma de sus tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La Inspección General de Justicia (IGJ) sigue ejerciendo plenas facultades de fiscalización sobre la AFA mientras no se complete el trámite de cambio de domicilio al territorio bonaerense.
En cuanto a los procesos penales, la Corte determinó que las causas relativas a los “balances falsos” presentados en la AFA deben radicarse en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo Tofoni denunció al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros directivos por supuesta omisión al no registrar en los balances de la entidad ingresos de aproximadamente USD 300 millones generados por el contrato con Tourprodenter LLC, agente comercial exclusivo.
Remitiendo al dictamen del Procurador, la Corte resolvió que la justicia ordinaria de CABA debía intervenir en el caso de los “balances falsos”, frente al conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de CABA y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, de competencia federal.
En otro expediente, Tofoni acusó a Tapia y a otros directivos de haber desviado ingresos mediante transferencias sin justificación; ese caso quedó radicado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 de CABA.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez González Charvay, solicitó la causa al juzgado de CABA porque investigaba la denuncia “Pantano” iniciada por Elisa Carrió, quien alegó que la mansión de Pilar había sido adquirida por una empresa pantalla llamada “Real Central SRL” con fondos de la AFA desviados al tesorero Pablo Toviggino.
Sin embargo, la Corte, por remisión al dictamen del Procurador, dejó sin efecto la intervención solicitada por el juez federal.
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