Aumentan los cortes de biocombustibles y el norte espera impulso
La reforma aprobada en el Senado que eleva progresivamente la mezcla de bioetanol y baja la obligación de biodiésel para ciertas empresas ya está en la Cámara de Diputados. Gobernadores del norte y del centro la respaldan, pero la norma deja sin respuestas clave sobre la distribución de volúmenes y los mecanismos de control.
La iniciativa de reforma de la ley de biocombustibles, que hoy pasa a debate en la Cámara de Diputados, propone dos líneas de acción contrapuestas: subir el porcentaje de bioetanol en la mezcla y, al mismo tiempo, reducir la cuota obligatoria de biodiésel para las compañías “no integradas”. El proyecto contó con el apoyo mayoritario de los gobernadores de las provincias del norte y del centro del país, que lo ven como una oportunidad para reactivar la industria del azúcar y la del aceite de soja.
En el caso del bioetanol, la normativa mantiene el corte del 12 % durante el primer año y lo eleva al 15 % al término de ese período. Además, se preserva un 6 % de contenido de materia prima de origen, tanto para el bioetanol derivado de caña de azúcar como para el de maíz. La Agencia Noticias Argentinas (NA) indica que este aumento podría traducirse en una mayor demanda para la industria tucumana, tradicional productora de azúcar. Sin embargo, la ley no aclara cómo se repartirán los volúmenes entre los distintos productores. ¿Se asignarán cuotas fijas por provincia o se abrirá una licitación? La ausencia de un mecanismo definido deja abierta la posibilidad de que los beneficios se concentren en unos pocos actores y no se distribuyan equitativamente.
El dictamen sobre biodiésel, por su parte, plantea una reducción progresiva de la cuota obligatoria para las compañías no integradas: 6,5 % al año de la sanción, 5,5 % en 2029, 5 % en 2030 y 4 % a partir de 2031, manteniéndose hasta 2036. La autoridad de aplicación solo podrá modificar este porcentaje de forma excepcional y mediante una resolución fundada, en casos de escasez, problemas de calidad o dificultades técnicas. Además, quedan exentas del requisito de mezcla el diésel destinado a minería, embarcaciones, zonas frías patagónicas, centrales eléctricas y otras aplicaciones específicas que la autoridad defina.
Estas disposiciones generan varias interrogantes. Primero, la normativa no explica qué criterios se usarán para declarar una “escasez” o un “problema de calidad” que justifique la alteración del porcentaje obligatorio. Segundo, la distinción entre compañías “integradas” y “no integradas” no se detalla, lo que dificulta evaluar el impacto real sobre la cadena productiva. Por último, la reducción de la cuota de biodiésel podría desincentivar inversiones en la producción local, contrariamente a la premisa de impulsar economías regionales.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de los gobernadores, la cobertura mediática no menciona a posibles opositores ni a sectores que pudieran sufrir efectos adversos, como los agricultores de maíz que dependen del mercado del bioetanol o los distribuidores de diésel que enfrentarían cambios regulatorios. La falta de un debate público amplio plantea la cuestión de cuán transparente ha sido el proceso legislativo.
En términos medioambientales, la medida de subir la mezcla de bioetanol parece alinearse con la reducción de emisiones de CO₂, pero la normativa no incluye evaluaciones de ciclo de vida ni metas de reducción de gases de efecto invernadero. Sin datos que cuantifiquen el beneficio ambiental, la reforma corre el riesgo de quedar como un ajuste de cuotas sin un seguimiento de sus efectos reales.
En conclusión, la reforma de la ley de biocombustibles avanza con la promesa de dinamizar la industria azucarera del norte y la de soja del centro, pero deja
