Milei apuesta a la PAS y deja a provincias sin garantías

A poco más de un año de las presidenciales del 24 de octubre de 2027, la discusión sobre el futuro de las primarias se ha convertido en un tira y afloja que ya no parece acercarse a una solución. La Mesa Política libertaria, representada por un integrante que describió el clima como “un quilombo”, dejó clara su preferencia: que primero se apruebe la Reforma Electoral y después se negocien alianzas. El Gobierno, en cambio, quiere invertir el orden y eliminar primero las PASO.

La propuesta central del gabinete es la PAS – primarias abiertas y simultáneas, pero sin obligatoriedad. Según un ministro citado en la fuente, “la PAS permitiría que, al menos por un rato, reine la paz”. La lógica expuesta es que, al quitar la obligación de votar, se evitaría la movilización masiva y el costo que implica organizar una contienda electoral costosa. Sin embargo, la medida también serviría de herramienta de negociación: las provincias no quedarían totalmente sometidas a la agenda central y el Ejecutivo se libraría de una contienda que, según algunos operadores, “patea el riesgo” de volatilidad económica hasta octubre.

El intento de conciliación choca con la desconfianza profunda entre los actores. Los gobernadores exigen garantías antes de aprobar la distribución de distritos y candidaturas, ya que la reforma requeriría mayorías absolutas – 37 senadores y 129 diputados – para avanzar en el Congreso. En sus palabras, “¿Quién nos asegura que, si los protegemos de una competencia con nosotros los violetas y facilitamos sus reelecciones, después no vayan a usar ese poder para construir una alternativa presidencial?”. La pregunta se repite en varios frentes, evidenciando la ausencia de confianza mutua.

Internamente, el avance del acuerdo tampoco parece sólido. A finales de julio, fuentes de la administración libertaria comentaron a Infobae que la “cuenta estaba 70 % cocinada”. Hoy la estimación se redujo a “50 y 50”, según los mismos interlocutores. La caída de la probabilidad de concretar la reforma sugiere que los incentivos han cambiado, y que la PAS ya no es solo una cuestión de “gana‑gana”, sino una pieza más en la pugna por alianzas.

Los sondeos de opinión pública aportan otra capa de complejidad. Un estudio de Opinaia muestra que el 68 % evalúa positivamente la eliminación de las PASO, un dato que el gobierno usa para reforzar su argumento de ahorro y simplificación. Pero la encuesta de Sastrería y TresPuntoZero revela una visión más fragmentada: 36,3 % quiere eliminarlas definitivamente, 33,6 % prefiere mantenerlas con voto obligatorio, 18,3 % propone hacerlas optativas y apenas 3,6 % sugiere suspenderlas solo para la próxima elección. Cuando se pregunta cuál es el objetivo real de la reforma, el 38,6 % cree que busca reducir el gasto electoral, mientras que el 48,2 % piensa que el fin es mejorar la posición del gobierno y dividir a la oposición.

Estas cifras ponen en evidencia una contradicción: la narrativa oficial habla de “paz” y “ahorro”, pero una parte importante del electorado percibe la medida como una maniobra para afianzar la reelección de Milei y sus aliados. Además, la propia reforma, presentada formalmente el 22 de abril, se ha mezclado con la pelea por las alianzas a nivel nacional, convirtiéndose en una “moneda de cambio” más que en una política estructural.

En el fondo, la cuestión que queda sin respuesta es si la PAS, al quedar sin obligatoriedad, logrará realmente “calmar” la negociación o simplemente trasladará la disputa a otro plano. La falta de confianza entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, sumada a la incertidumbre sobre el apoyo legislativo necesario, sugiere que la medida podría ser más una pausa estratégica que una solución definitiva. Mientras tanto, la población sigue sin saber si tendrá que acudir a las urnas el 8 de agosto del próximo año o si la “paz” anunciada será solo