AySA pospone licitación tras demandas de nuevos oferentes
El Gobierno evalúa alargar el plazo para vender la empresa de agua y saneamiento, luego de que varios posibles compradores solicitaran más tiempo. La medida, anunciada a escasos días de la fecha prevista, reabre el debate sobre la transparencia del proceso y sus implicancias para los usuarios.
La licitación de AySA, la compañía estatal que suministra agua a la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, estaba programada para abrirse este jueves. Sin embargo, el Ejecutivo decidió estudiar una posible prórroga después de que varios interesados presentaran peticiones para extender el plazo de presentación de ofertas. Desde la propia empresa confirmaron a Ámbito.com que se está analizando una nueva fecha, pero no dieron detalles sobre el tiempo adicional ni sobre quiénes son los oferentes que piden el ajuste.
Esta decisión llega en medio de una polémica que arrastra la privatización del servicio de agua desde hace años. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri impulsó la primera ronda de venta de acciones de AySA, pero la oferta quedó en un 35 % del capital y el proceso se detuvo tras la llegada de la actual administración. Desde entonces, el oficialismo ha mantenido la idea de una venta total o parcial, argumentando la necesidad de financiar inversiones de infraestructura y bajar la tarifa para los usuarios. La última propuesta, presentada en febrero, preveía la venta del 100 % de la compañía, con una valoración estimada en alrededor de 3.300 millones de dólares.
Los pedidos de extensión provienen, según fuentes cercanas al Ministerio de Economía, de al menos tres grupos internacionales de energía y de dos fondos de inversión locales que habrían detectado “condiciones de mercado desfavorables” para presentar una oferta sólida en el plazo original. La empresa no reveló si estos solicitantes son los mismos que participaron en la ronda de 2018 o si se trata de nuevos actores. La falta de claridad genera dudas: ¿qué criterios se aplican para aceptar una solicitud de prórroga? ¿Existe una lista de ofertas preliminares que justifique el cambio de fecha? Hasta ahora, el Gobierno no ha puesto a disposición del público documentos que permitan evaluar la transparencia del proceso.
El retraso también plantea interrogantes sobre el impacto en la tarifa del agua. Los críticos del proyecto de privatización sostienen que la venta a manos privadas podría traducirse en aumentos de precios, pese a los compromisos anunciados de mantener la tarifa actual durante al menos cinco años. Por otro lado, el oficialismo asegura que la entrada de capital privado permitiría acelerar obras de ampliación y modernización, como la construcción de nuevas plantas de tratamiento y la reducción de pérdidas en la red, que actualmente rondan el 30 %. La pregunta que queda sin respuesta es si los potenciales compradores están dispuestos a asumir esas inversiones o si simplemente buscarán rentabilizar la empresa mediante tarifas más altas.
Otro punto que se queda en el aire es la participación de la sociedad civil. Organizaciones de defensa del agua y de consumidores ya habían solicitado la creación de un panel independiente que supervise la licitación, garantizando la igualdad de condiciones entre oferentes y la protección del derecho al agua como servicio público. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha anunciado la conformación de dicho organismo ni ha indicado cómo se incorporarán observaciones de la comunidad al proceso. La falta de un espacio de debate abierto refuerza la sospecha de que la prórroga podría servir para acomodar intereses particulares.
En el plano político, la medida coincide con la presión que ejerce el Congreso, donde la oposición ha pedido una revisión exhaustiva del contrato de privatización. Algunos legisladores cuestionan la ausencia de una evaluación de impacto ambiental y social previa a la venta, a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas había adelantado que la nueva gestión tendría que cumplir con los estándares de la Ley de Servicios Públicos. La discusión se intensifica cuando se recuerda que, en los últimos diez años, la facturación de AySA ha crecido un 12 %, mientras que la calidad del servicio ha mostrado avances marginales según el último informe de la Oficina Nacional de Información Hidráulica.
La decisión de posponer la licitación, aunque justificada bajo el argumento de “garantizar la competencia”, deja sin respuestas claras a varios interrogantes esenciales. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de una posible venta? ¿Se están sacrificando criterios de transparencia por conveniencia política? ¿Qué mecanismos se implementarán para evitar que la privatización se traduzca en aumentos de tarifas o en la pérdida de control público sobre un recurso vital?
Mientras el Gobierno estudia la nueva fecha, los usuarios de AySA siguen pagando la cuenta de agua sin saber si el precio que hoy aceptan se mantendrá o se transformará en una carga mayor bajo manos privadas. La presión sobre la autoridad para que publique la lista de solicitantes, los criterios de evaluación y los plazos concretos no ha menguado. En un país donde la escasez hídrica y la inequidad en el acceso al agua son temas críticos, la forma en que se conduzca este proceso de venta podría marcar un precedente para futuros privatizadores de servicios esenciales. El próximo paso del Ejecutivo será decisivo: abrirá la puerta a la competencia real o simplemente ajustará el calendario para acomodar a los intereses que ya están en la mesa.
