Diputado de Lula exige investigar granja de bots de Cerimedo
Rui Falcão, cercano al presidente, solicitó a la Corte Suprema abrir una causa contra el estratega digital que manejaba miles de cuentas automatizadas. La petición surge a meses de las elecciones de octubre y plantea dudas sobre la transparencia de la campaña de Lula y la posible influencia de la desinformación en el voto.
En la mañana del martes, el diputado federal Rui Falcão, uno de los asesores más próximos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, interpuso un pedido formal ante la Corte Suprema de Brasil. La solicitud exige que se investigue la supuesta “granja de bots” operada por el estratega digital conocido como Cerimedo, cuyo verdadero nombre es André Cerimedo, y que, según Falcão, podría ser utilizada para manipular la opinión pública en los comicios de octubre.
La petición de Falcão no es la primera que se dirige a la justicia por cuestiones de desinformación. En los últimos años, la Corte ha abierto casos contra grupos vinculados a campañas de difusión masiva de contenido automatizado, como la Operación “Fake News” de 2023, que culminó con la incautación de más de 12 000 cuentas falsas vinculadas a partidos opositores. Sin embargo, la demanda actual tiene un matiz distinto: apunta a una herramienta que, según los indicios que maneja el diputado, está bajo control directo de un aliado de la coalición gobernante.
Cerimedo, de 38 años, se hizo visible en 2021 cuando lideró la campaña digital de la candidata a gobernadora de Río Grande del Sur, logrando una presencia en redes sociales que superó los 3 millones de interacciones en una semana. Desde entonces, su nombre circula en círculos de marketing político como “el arquitecto de los bots”. Investigaciones periodísticas de medios locales señalan que su infraestructura incluiría al menos 15 000 cuentas automatizadas, distribuidas entre Twitter, TikTok e Instagram, programadas para difundir mensajes pro‑Lula y atacar a la oposición en horarios estratégicos.
Falcão argumentó que, de no tomarse medidas, la red de bots podría ser reactivada para influir en la agenda electoral de octubre. “No podemos permitir que la maquinaria digital sea usada como arma de intimidación o manipulación”, declaró el diputado en una entrevista breve. “Exigimos claridad: si esa granja está al servicio de la campaña oficial, la justicia debe conocerlo”.
El pedido se topó con una respuesta escéptica de la oficina del propio Cerimedo. Un comunicado firmado por su portavoz, Laura Mendes, negó cualquier vínculo con la campaña de Lula y calificó la solicitud de “un intento de politizar la justicia”. “Nuestro trabajo se limita a la producción de contenido digital para clientes privados. No operamos bajo órdenes de partidos ni de gobiernos”, sostuvo Mendes, añadiendo que la supuesta “granja” era, en realidad, una red de cuentas legítimas de seguidores.
Los expertos legales que consultamos coinciden en que la Corte Suprema posee la facultad de autorizar investigaciones preliminares bajo el llamado “inquérito civil”. Sin embargo, el proceso es exigente: se necesita una denuncia formal con pruebas que justifiquen la apertura de una causa. “Lo que falta es evidencia concreta que vincule a Cerimedo con una estrategia electoral del Ejecutivo”, explicó la jurista Ana Silva, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de São Paulo. “Hasta ahora, la acusación se sustenta en supuestos y en el historial de campañas previas, lo cual no basta para iniciar una investigación penal”.
El contexto político añade otra capa de complejidad. Lula, que volvió al poder en 2023 tras una victoria histórica, enfrenta una oposición que ha denunciado repetidamente intentos de censura y de uso de la justicia como herramienta de presión. Al mismo tiempo, el Partido de los Trabajadores (PT) ha sido blanco de críticas por supuestos manejos de redes sociales durante la campaña de 2022, cuando la plataforma de bots de Cerimedo habría sido contratada por un grupo de consultores externos. La pregunta que surge es si la solicitud de Falcão responde a una preocupación genuina o si constituye una jugada para desviar la atención de posibles irregularidades internas.
Otra incógnita es la financiación de la supuesta granja. Los informes de la Fiscalía Federal indican que, en 2022, Cerimedo recibió un contrato de 1,2 millones de reales de una empresa de tecnología con sede en São Paulo, cuyo principal accionista
