Caputo lanza paquete de medidas y avanza reforma del Banco Central
El ministro de Economía se reúne con la prensa este miércoles para presentar “acciones concretas” que, según asegura, frenarán la inflación y estabilizarán las finanzas. La declaración llega justo antes de que la Cámara inicie el debate sobre la reforma del Banco Central y la nueva ley de inocencia fiscal, dos temas que ya generan dudas sobre su efectividad.
Luis Caputo tomó la palabra en la sede de la Casa Rosada a las diez de la mañana, con la agenda de la jornada marcada por la expectativa de los diputados que, desde hace semanas, discuten dos proyectos de ley que podrían redefinir la arquitectura monetaria y tributaria del país. “Hoy anunciamos un paquete de medidas que responde a la urgencia de la situación macroeconómica”, aseguró el titular del Ministerio, mientras los periodistas anotaban cada detalle.
El anuncio se produce en medio de una inflación que supera el 140 % en los últimos doce meses, según datos del INDEC, y de un déficit fiscal que el propio gobierno estima en alrededor del 4 % del PBI. Caputo, quien volvió al Ministerio después de una breve pausa, prometió “instrumentos de corto plazo” para contener la escalada de precios y “un marco de estabilidad” para los mercados. Sin embargo, la falta de cifras concretas generó la primera ronda de preguntas de los legisladores: ¿qué instrumentos? ¿cuáles son los montos y plazos involucrados?
En la conferencia, el ministro describió tres líneas de acción. Primero, una “revisión de los subsidios energéticos” que, según él, permitirá ahorrar cerca de 1 % del PIB en los próximos dos años. Segundo, una “reprogramación de la deuda externa” que buscaría alargar los plazos de pago y reducir la presión sobre la balanza de pagos. Por último, “un ajuste de la política de tasas”, con la intención de estabilizar el tipo de cambio sin recurrir a intervenciones bruscas. Cada una de estas promesas suena a solución temporal, pero la ausencia de detalles sobre los mecanismos exactos deja abiertas varias incógnitas.
La reforma del Banco Central, que será el siguiente punto de la agenda parlamentaria, propone, entre otras cosas, la eliminación de la “autonomía plena” del organismo y la incorporación de un “consejo de gobernadores” con representantes del Ejecutivo. Los críticos señalan que tal medida podría vulnerar la independencia monetaria, un pilar que, según la teoría económica, protege al país de presiones políticas que alimentan la inflación. Caputo, sin embargo, defendió la iniciativa diciendo que “una mayor coordinación entre política fiscal y monetaria es imprescindible para romper el círculo vicioso de emisión y pérdida de credibilidad”. La pregunta que queda en el aire es si la pérdida de autonomía compensará los riesgos de una mayor intervención política.
En paralelo, el proyecto de ley de inocencia fiscal, impulsado por la coalición gobernante, busca “exonerar de responsabilidad penal a los contribuyentes que demuestren buena fe”. Los opositores lo catalogan como una “ley de impunidad” que podría incentivar la evasión y debilitar la recaudación. Caputo, al ser interpelado, sostuvo que la norma pretende “facilitar la regularización de deudores que, por falta de información o recursos, no pudieron cumplir con sus obligaciones”. La ambigüedad del término “buena fe” y la ausencia de criterios claros para su aplicación hacen que la medida sea un terreno fértil para la crítica.
El paquete de medidas también incluye una “revisión de la política de precios de referencia” para alimentos y combustibles, una zona que ha sido foco de protestas sociales en los últimos meses. Caputo aseguró que se establecerán “topes temporales” que evitarán aumentos desproporcionados. Sin embargo, la experiencia de políticas similares en el pasado mostró que los topes, si no van acompañados de un aumento de la oferta, terminan generando desabastecimientos y mercados negros. La falta de una estrategia de oferta, como incentivos a la producción o a la importación, genera dudas sobre la efectividad de la medida.
Los analistas financieros, por su parte, subrayan que la “reprogramación de la deuda” solo será viable si el gobierno logra convencer a los acreedores de su capacidad de pago. En la última ronda de negociaciones con el FMI, se dejó en claro que el organismo espera reformas estructurales profundas, no solo ajustes contables. La pregunta que surge es si la “reprogramación” anunciada será suficiente para cumplir con los compromisos internacionales o si solo pospondrá una crisis más grave.
En la sala de prensa, la tensión era palpable. Algunos diputados del bloque opositor, como la diputada María Eugenia Vidal, interrogaron al ministro sobre la ausencia de un “plan de estabilización a mediano plazo”. “No basta con lanzar medidas de emergencia; necesitamos una hoja de ruta clara que incluya metas de inflación, déficit y deuda”, replicó Vidal. Caputo, sin perder la compostura, respondió que “el proceso es gradual y que los ajustes se irán calibrando conforme evolucione la economía”. Esa respuesta, aunque diplomática, no despeja la incertidumbre de un electorado cansado de promesas que no se traduc
