Corte ratifica ocho años de prisión a cirujano Lotocki

La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó el jueves 29 de octubre que mantuvo la condena a ocho años de prisión contra el cirujano Aníbal Lotocki, al considerar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por su defensa. La decisión también confirmó la inhabilitación de diez años para ejercer la medicina.

La condena firme se basa en lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, todas ellas sometidas a procedimientos estéticos en los que se aplicaron microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas y cantidades no recomendadas. En cada caso se determinó que Lotocki ocultó información esencial sobre los tratamientos. Las intervenciones analizadas se realizaron en 2008 (Pamela Sosa), 2011 (Silvina Luna), 2014 (Stefanía Xipolitakis) y en el caso de Gabriela Trenchi, quien había solicitado hilos tensores y extracción de grasa pero recibió PMMA.

La sentencia no aborda la causa por el fallecimiento de Silvina Luna, que sigue tramándose de forma independiente.

Paralelamente, Lotocki enfrenta un proceso en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 17 por el homicidio de Christian Zárate, quien murió en abril de 2021 tras una cirugía estética en el Centro Médico Conde. Según la investigación, Zárate se había sometido a una dermolipectomía y liposucción; una reintervención ordenada por Lotocki provocó un paro cardíaco y su fallecimiento al día siguiente.

El médico está recluido en el Módulo 1 de buena conducta del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal. Allí se encuentra por la prisión preventiva en la causa por “homicidio simple con dolo eventual” de Rodolfo Cristian Zárate (50), fallecido tras operarse con Lotocki en 2021. En febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo condenó a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación; la fiscalía y las querellas apelaron. En julio de 2023, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó la inhabilitación cautelar de diez años, y en noviembre de 2023 el mismo tribunal confirmó la condena, duplicando la pena a ocho años de prisión.