Detenidos de El Quebrachal denuncian agresión policial con balas de goma

El barrio de El Quebrachal volvió a ser foco de polémica tras la denuncia de una agresión cometida por efectivos de la Infantería dentro de la comisaría local. Según el testimonio de un familiar de uno de los detenidos, la requisa —una inspección rutinaria de los internos— se tornó violenta cuando varios policías emplearon cachiporras y balas de goma contra los internos.

El relato indica que los agresores “golpearon con fuerza” y “dispararon proyectiles de goma” sin que exista una justificación clara de la medida. El familiar no precisó cuántas personas resultaron heridas ni si se registraron lesiones visibles, pero sostuvo que la acción fue desproporcionada y que los internos fueron sometidos a una “golpiza” dentro del recinto policial.

Hasta el momento, la Dirección de la Infantería y la Jefatura de la comisaría de El Quebrachal no han respondido a la solicitud de información ni han emitido declaraciones oficiales. La ausencia de pronunciamiento deja en el aire preguntas clave: ¿Se activó el protocolo interno de investigación de abusos policiales? ¿Se realizó algún informe médico que documente las supuestas lesiones? La falta de datos oficiales dificulta corroborar la versión del denunciante y complica la evaluación de la gravedad del hecho.

En la normativa vigente, los agentes solo pueden recurrir a la fuerza física cuando exista una amenaza inminente o una resistencia activa. El uso de balas de goma está regulado y, en principio, reservado para situaciones de control de multitudes, no para intervenciones dentro de una comisaría. La denuncia plantea, por tanto, una posible violación de esos lineamientos, lo que debería activar una investigación independiente.

Los defensores de derechos humanos han señalado en otras ocasiones la necesidad de mayor transparencia en los procesos disciplinarios contra policías acusados de violencia. En este caso, la comunidad de El Quebrachal espera que las autoridades actúen con rapidez y claridad, para determinar si se trata de un hecho aislado o de un patrón de conducta que requiera medidas correctivas.

Mientras tanto, la familia del detenido mantiene la denuncia en la vía judicial y ha pedido que se realicen peritajes médicos y se revisen los registros de la requisa. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre y alimenta la desconfianza hacia la institución policial en la zona.