Estado gastó $29.750 millones en alquiler de 30 mil fotocopiadoras
La diputada Marcela Pagano interpuso ocho pedidos de informes para esclarecer cómo el gobierno de Javier Milei pagó casi $30 mil millones por alquilar fotocopiadoras que podrían comprarse por la mitad del precio. La investigación apunta a contratos millonarios con la empresa brasileña TNGROUP SA, cuyo dueño cobra $2,4 millones anuales por cada máquina.
Pagano elevó ocho pedidos de informes a distintas reparticiones del Estado – ANSES, ARCA, Capital Humano, AABE, INCUCAI, la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la AGN y la SIGEN – para obtener “expediente completo, pliegos, ofertas, actas de apertura, evaluación, dictámenes, impugnaciones, adjudicación, contrato y órdenes de compra”, así como detalle de renglones, equipos, cantidades, sedes, precios unitarios, plazos y especificaciones técnicas, entre otros documentos.
Según la información recabada, el Estado habría pagado a TNGROUP SA $29.750 millones desde 2017, equivalentes a unos $110.900 millones a valores de agosto 2026. Solo en 2025 la empresa cobró $21.412 millones por sus servicios a distintas áreas del gobierno, casi todo bajo un Acuerdo Marco habilitado por la gestión de Milei.
Los contratos de alquiler se realizan con Alejandro Trasmonte, ciudadano brasileño que cobra $2,4 millones anuales por cada fotocopiadora, mientras que el precio de compra sería $1,4 millones. El periodista Tomás Méndez, en Canal 9, mostró que Trasmonte alquila 17 equipos por 12 meses a $41,8 millones.
La investigación difundida por Canal 9 y C5N señala que Trasmonte trabaja con gobiernos argentinos desde la presidencia de Néstor Kirchner, con una penetración que se disparó bajo los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Además, circulan rumores de una amistad cercana entre Trasmonte y el diputado Luis Petri, quien como ministro de Defensa adjudicó $374,6 millones desde el Ejército.
En la oposición se preguntan “¿Quién necesita tantas fotocopias?”. Fuentes vinculadas a la investigación estiman que, con alrededor de 180 mil empleados públicos a nivel nacional, el alquiler de 30 mil fotocopiadoras equivale a una máquina cada seis empleados. Pagano espera que la documentación solicitada aclare si esos números son justificables o si el Estado está pagando de más por un servicio que podría resultar mucho más barato al comprar los equipos.
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