Gobierno cede a EE.UU. y busca votos radicales para dictaminar Ley Malvinas

La bancada de La Libertad Avanza modificó el proyecto de Soberanía Nacional para atender los reclamos de Estados Unidos. Con esos cambios, el Gobierno incorporó las exigencias de Washington sobre el alcance de sanciones y las penas que podrían afectar a empresas estadounidenses con intereses en la región, pero aún no cuenta con las firmas necesarias para emitir dictamen.

En la misma línea, los gobernadores de Tucumán, Catamarca y Misiones anunciaron que no acompañarían el texto. Sus reparos no se refieren al capítulo de Malvinas ni al pedido estadounidense, sino al Consejo de Seguridad Nacional y al régimen de penas y sanciones que incluye la nueva norma.

Para completar el número de votos, el oficialismo llamó a Martín Llaryora, diputado de Córdoba, y a Maximiliano Pullaro, senador de Santa Fe. Además, Martín Menem sumó los votos radicales y se comprometió a retirar el artículo 111, que preveía prisión para comunicadores que incurran en “fake news”. “Cerró con el radicalismo”, informó una voz de la oposición a El Cronista.

El nuevo borrador registra 21 artículos adicionales, producto de nuevas regulaciones y del desdoblamiento de disposiciones. Entre los cambios, la pena mínima para proveedores de bienes o servicios vinculados a actividades prohibidas baja de cinco a dos años de prisión. La exploración de recursos naturales no renovables pasa a estar penada con ocho a doce años, mientras que los casos de hidrocarburos alcanzan de doce a quince años. Se incorpora una agravante de un tercio cuando exista daño ambiental grave y la multa puede elevarse hasta el doble del beneficio obtenido. El texto exige conocimiento real o razonablemente exigible del destino de esos bienes o servicios y permite excepciones para participaciones minoritarias de hasta el 2 %.

Asimismo, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo de Seguridad Nacional deberá informar en 48 horas cuando autorice medidas que impidan la continuación de un vuelo o impliquen el hundimiento de un buque. Si la medida involucra aeronaves o buques militares extranjeros y puede generar riesgo de guerra o represalias, el proyecto remite a las atribuciones del Congreso previstas en la Constitución.

Voces parlamentarias indicaron que se quiere dictaminar esta semana “para mostrar que tienen muñeca política y que mandan ellos y no Estados Unidos, porque no están las firmas para el Presupuesto todavía”. La falta de apoyo de los gobernadores peronistas provinciales –Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Raúl Jalil– vuelve a evidenciar la dependencia del oficialismo de los gobernadores dialoguistas para avanzar con iniciativas que considera estratégicas. La incorporación de la Comisión Bicameral ha sido calificada por algunos como un proyecto “muy moligerado”.

Quedan abiertas preguntas clave: ¿logrará el oficialismo reunir las firmas faltantes y dictaminar la ley antes del cierre del presupuesto? ¿En qué medida la adaptación a los reparos de EE.UU. condiciona la agenda legislativa nacional? El escenario muestra una negociación que aún tiene mucho que definir.