Gobierno modificó sanciones de la Ley Malvinas y debatirá cambios en Congreso

El Gobierno aceptó recortar el alcance de las sanciones previstas en la Ley Malvinas después de que la Casa Blanca expresara su inquietud por la posible afectación a filiales, intermediarios financieros y proveedores de las compañías que operan en la zona. Según fuentes legislativas, la nueva redacción limitará las penalidades a las empresas que actúen directamente, como proveedoras o accionistas con participación relevante, mientras que subsidiarias, filiales o accionistas sin participación significativa quedarán exentos.

En paralelo, se ajustaron los montos de las multas. Ahora podrán oscilar entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido; cuando no se pueda determinar el beneficio, la sanción se medirá en barriles de petróleo, entre 2.000 y 40.000, duplicando la multa original. La medida busca responder a la preocupación de EE.UU., que había señalado que la propuesta oficial podría alcanzar a toda la cadena de empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

La visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, reforzó la presión y llevó al asesor Santiago Caputo a aceptar también cambios en artículos vinculados a un nuevo esquema de defensa y seguridad. Entre los ajustes, el Ministerio de Seguridad pasará a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, sustituyendo la composición original que incluía al presidente, canciller, ministros de Defensa y Economía, titular de la SIDE y secretario legal y técnico. Además, se propone crear una comisión bicameral de seguimiento y control del Consejo.

Otra novedad es la exigencia de autorización del Congreso para cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, una sugerencia del diputado Eduardo Falcone (MID). En el artículo 111, que castigaba de cinco a quince años de prisión a quienes, por cuenta de un Estado extranjero, intentaran alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, se excluyen expresamente la actividad periodística, académica y el debate público, tras la crítica de la ADEPA.

Queda pendiente definir con precisión el concepto de “infraestructuras críticas” y las responsabilidades provinciales, un punto que aún no se ha aclarado en el texto. El proyecto, con los cambios aceptados, seguirá su discusión en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la intención de obtener dictamen y llevarlo al recinto lo antes posible.