Gobierno despide a la dirigente del Garrahan y la acusa de inactividad
Norma Lezana, la voz sindical del Hospital Garrahan, fue cesada por el Ejecutivo bajo la excusa de no haber cumplido con tareas asistenciales en 2025. La dirigente asegura que el despido vulnera la Constitución y promete llevar el caso a la justicia, mientras se intensifican las tensiones entre el Estado y los sindicatos de salud.
El lunes 31 de agosto el Gobierno nacional informó que la sindicalista Norma Lezana, que lidera la sección de enfermería del Hospital Garrahan, dejó de formar parte del plantel porque “no desarrolló tareas asistenciales durante el año 2025”. La medida se dio sin previo aviso y sin que se le presentara una justificación documental que detalle la supuesta inactividad.
Lezana, de 49 años, no tardó en responder. En una entrevista televisada declaró que el despido sería “inconstitucional” y que “voy a defenderme en la justicia”. La dirigente recordó que, al contrario de lo que alega el Ejecutivo, su labor se centró en la organización de los trabajadores, la negociación de convenios y la participación activa en las protestas que se realizaron dentro del propio centro asistencial a lo largo de los últimos meses.
El Garrahan, referencia nacional en pediatría, cuenta con más de 3.500 empleados, de los cuales cerca del 30 % están afiliados a sindicatos. En el último año se registraron ocho movilizaciones que paralizaron parcialmente la atención de pacientes, en reclamo de mejores condiciones laborales y de la garantía de recursos para la compra de insumos. Lezana estuvo al frente de la asamblea que aprobó la convocatoria a la última protesta, la que terminó con la intervención de la policía hospitalaria y la detención de varios trabajadores.
La contradicción entre la acusación oficial y la realidad de su participación plantea dudas sobre el verdadero motivo del despido. ¿Se trata de una medida para silenciar a una líder que moviliza al personal sanitario? El propio Ministerio de Salud no ofreció datos que demuestren la falta de asistencia de Lezana; la única referencia es la afirmación genérica de “no haber desarrollado tareas asistenciales”. En un sistema donde la presencia de los profesionales en turnos se registra electrónicamente, la ausencia de un informe de control de asistencia parece más una excusa que una evidencia.
Legalmente, la Constitución argentina protege a los representantes sindicales. El artículo 14 bis garantiza la libertad sindical y establece que “nadie podrá ser privado del empleo por razones de afiliación”. Además, la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551) prohíbe el despido de delegados sin causa justificada y con el debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha reiterado que cualquier medida que persiga “desarticular la representación de los trabajadores” es nula.
En este contexto, la denuncia de Lezana no es una mera cuestión de orgullo personal. Si el Ejecutivo logra mantener la decisión sin que la justicia la anule, sentaría un precedente que podría erosionar la protección de los dirigentes sindicales en el sector público. La cuestión que queda abierta es quién supervisa que la medida sea legal y, de paso, quién controla que la acusación de inactividad no sea una herramienta política.
Algunos analistas del ámbito laboral advierten que el caso del Garrahan podría formar parte de una estrategia más amplia del gobierno para reprimir la actividad sindical en la salud. En los últimos dos años se han registrado al menos cinco despidos de dirigentes de hospitales públicos bajo la misma premisa de “inactividad asistencial”. En tres de esos casos, los tribunales fallaron a favor de los trabajadores, ordenando su reincorporación y el pago de salarios caídos. Sin embargo, en el caso de Lezana el proceso judicial aún no ha comenzado, y la demora podría jugar a favor del Ejecutivo.
Por su parte, la Dirección del Hospital Garrahan, representada por el director médico, se mostró “sorprendida” por la decisión del gobierno y pidió que se respeten los derechos de los empleados. “El Garrahan no es un escenario de confrontación política, es un lugar donde se cuida la vida de los niños. No podemos permitir que la disputa sindical afecte la calidad de la atención”, afirmó el directivo, sin entrar en detalle sobre la situación contractual de Lezana.
Mientras tanto, la comunidad médica y los pacientes se ven atrapados en medio de la polémica. Algunas familias expresaron su preocupación por la posible interrupción de los servicios de enfermería, aunque la administración del hospital aseguró que se han activado protocolos de contingencia para evitar cualquier impacto en la atención
