Funcionario de Milei culpa a China y frena viaje oficial

El pasado lunes, Juan “Doe” Carreira, exsocio del medio conservador La Derecha Diario y cercano al círculo de la Casa Rosada, lanzó una afirmación sin fundamento: que la tragedia del colapso de una vivienda en el distrito de Kathmandu, en la que murieron al menos 23 personas, había sido provocada por la “intervención directa” de China. La declaración, publicada en las redes oficiales del gobierno, no solo carecía de pruebas, sino que también contravenía los comunicados de la propia embajada china en Buenos Aires, que calificó la acusación de “infundada y peligrosa”.

El mensaje de Carreira fue rápidamente compartido por varios portavoces del gobierno, que lo presentaron como una “clarificación” de los orígenes del siniestro. Sin embargo, la falta de fuentes verificables y la ausencia de cualquier informe oficial de organismos internacionales que avalara la acusación, generó una ola de críticas entre analistas y diplomáticos. La embajada china, a través de su canciller, envió una nota formal a la Cancillería argentina advirtiendo que la difusión de información errónea “daña gravemente las relaciones bilaterales” y solicitó una rectificación inmediata.

El caso tomó una dimensión más compleja cuando, en medio de la polémica, la ministra de Relaciones Exteriores, Karina Fernández, y el subsecretario de Comercio Exterior, Diego Quirno, tenían programado un viaje a Beijing para cerrar acuerdos comerciales vinculados a la exportación de soja y energía renovable. La controversia obligó al equipo de la ministra a suspender la visita, pues la embajada china indicó que no consideraba viable recibir a representantes argentinos mientras persistiera la “desinformación” sobre el accidente en Nepal.

La cancelación del viaje no solo tiene repercusiones diplomáticas, sino también económicas. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa de inversión china en proyectos de energía solar en la provincia de Mendoza estaba a punto de firmarse en una cumbre prevista para el 15 de octubre. La postergación de la cumbre retrasa la puesta en marcha de una planta de 150 MW que, de concretarse, podría generar unos 300 millones de dólares de inversión directa. Los analistas del sector, como la economista Laura Ponce de la Universidad de Córdoba, advierten que el desliz de la información “puede costar a Argentina una oportunidad de financiamiento que no se recuperará fácilmente”.

El episodio también plantea preguntas sobre los mecanismos internos de control de la información en la administración de Javier Milei. ¿Cómo es posible que un funcionario de alto rango, sin respaldo de ninguna agencia de inteligencia ni de organismos de ayuda humanitaria, publique una acusación tan grave sin pasar por una verificación? La Ley de Comunicación del Estado, que obliga a la veracidad de los pronunciamientos oficiales, parece quedar en la sombra cuando la política interna prioriza la confrontación retórica sobre la precisión factual.

Carreira, quien se describió a sí mismo como “defensor de la verdad nacional”, intentó justificar su intervención argumentando que la “presencia de empresas chinas en la zona de desastre” podía haber influido indirectamente en la gestión de la infraestructura local. Sin embargo, la investigación preliminar de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) señaló que el colapso se debió a una combinación de construcción ilegal y lluvias intensas, sin mencionar a ningún actor extranjero. La contradicción entre los datos de la UNDRR y la narrativa de Carreira pone en evidencia una brecha entre la información oficial y los hechos comprobados.

En la arena política, la oposición ha aprovechado el hecho para cuestionar la “cultura de la mentira” que, según afirman, se ha instalado en la gestión actual. El líder del Frente de Todos, Sergio Massa, pidió al Congreso que se investigue la procedencia de la información y que se sancione a los responsables de difundir datos falsos. Por su parte, la coalición de centroizquierda, encabezada por la dirigente Margarita Stolbizer, exigió una “reparación diplomática” y la reanudación inmediata del viaje de Karina y Quirno, argumentando que el daño a la imagen internacional de Argentina ya es irreversible.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela. Países vecinos, como Brasil y Uruguay, emitieron notas de apoyo a la postura de la embajada china, señalando que la “desinformación en temas de seguridad y desastres” puede desencadenar tensiones innecesarias. En contraste, algunos analistas de política exterior, como el profesor de Relaciones Internacionales Martín Gutiérrez, sugieren que el gobierno podría haber usado la polémica como una estrategia de presión para negociar mejores condiciones en los acuerdos comerciales, aunque esa hipótesis sigue sin confirmarse.

Lo que queda sin respuesta es si el gobierno tomará medidas correctivas. La Cancillería, en un comunicado breve, anunció que se “revisará la información difundida” y que se “buscará restablecer la confianza con la República Popular China”. Sin embargo, la falta de un cronograma concreto y la ausencia de una disculpa pública a la comunidad china generan escepticismo. La pregunta que se cierne sobre la escena política es si la corrección será suficiente para salvar los intereses económicos y diplomáticos, o si el daño ya está hecho y la relación bilateral tendrá que recomponerse a base de concesiones.

En última instancia, el caso de la fake news sobre Nepal pone al descubierto la fragilidad de una política que parece priorizar el impacto mediático sobre la veracidad. Mientras los ciudadanos argentinos siguen buscando respuestas claras, la administración debe decidir si la rapidez en comunicar supera la obligación de chequear la información antes de