Intendentes amenazan con ir a la Corte por los subsidios al transporte
Cerca de 80 mandatarios municipales pidieron una distribución más federal de los subsidios y advirtieron que podrían llevar el reclamo a la Corte Suprema. Denuncian que el gobierno de Javier Milei incumple la ley del Impuesto a los Combustibles y critican el desmantelamiento del Programa Remediar.
En una reunión de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, después de las 12, se presentaron alrededor de 80 intendentes de distintas provincias y partidos políticos. El reclamo central fue que el reparto de los subsidios al transporte debe ser “más federal”, tras el aumento de fondos destinado al AMBA.
Encabezados por el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, los mandatarios dejaron clara la posibilidad de acudir a la Corte Suprema. Argumentan que el Ejecutivo vulnera la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos al modificar la distribución de los recursos.
Los representantes municipales también exigieron que el gobierno revierta el desmantelamiento del Programa Remediar. La medida, anunciada junto a la creación de un Plan Nacional para Enfermedades Cardiovasculares, implica que el Estado pasa de cubrir 126 a solo 6 medicamentos, todos para patologías cardiovasculares, a personas sin obra social ni prepaga.
Por otro lado, la resolución que actualizó los subsidios a los colectivos del AMBA supone un ingreso extra de $38.840 millones para las empresas de la zona metropolitana.
Pablo Javkin, intendente de Rosario, manifestó su “preocupación” por el recorte que, según él, ronda los $13.500 millones. Criticó la disparidad que genera el nuevo esquema, diciendo que “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”. Añadió que la Nación también les cobra el IVA, “que, por supuesto, los municipios no tenemos en quién descargar”, y señaló que “en Rosario, en el año 2017 vamos a destinar $155.000 millones estrictamente al pago de IVA a Nación, en muchos casos, sobre el servicio que antes prestaba Nación”.
La convocatoria fue impulsada por Carolina Basualdo, presidenta del cuerpo de trabajo y diputada de Provincias Unidas. Queda abierto el interrogante: si el Ejecutivo mantiene su postura, ¿qué consecuencias legales y financieras enfrentarán los municipios que acaben llevando el caso a la Corte Suprema?
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