Milei cierra exención de cheques y vuelve al impuesto del 0,6%
El Gobierno anuló la medida que permitía a las pymes depositar cheques a través de sociedades de bolsa para esquivar el gravamen bancario. La decisión, tomada tras una caída del 9 % en la recaudación real del impuesto al cheque, obliga nuevamente a los pequeños y medianos empresarios a pagar el tributo del 0,6 % por cada débito y crédito.
El martes el Ejecutivo de Javier Milei revocó la operatoria que, desde el 13 de mayo, había permitido a las pequeñas y medianas empresas (pymes) usar cheques como medio de pago mediante una Alyc (sociedad de bolsa). Con esa vía, los empresarios podían eludir el impuesto a los débitos y créditos bancarios, un gravamen del 0,6 % al momento del débito y otro 0,6 % al acreditarse los fondos.
La medida se justificó por la “abrupta caída” en la recaudación del llamado impuesto al cheque, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) vinculó a la pérdida de ingresos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el economista Salvador Vitelli, de la consultora Romano Group, en agosto la recaudación real de ese tributo se hundió un 9 % mientras la actividad económica registraba un aumento cercano al 2 %. La CNV, por su parte, argumentó que la eliminación buscaba “garantizar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar rechazos asociados al uso de cheques y fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”.
En la práctica, la revocación implica que las pymes deberán volver a depositar los cheques en cuentas bancarias y, por ende, estarán sujetas al gravamen. La Alyc líder del mercado informó a sus clientes que, a partir de ayer, los fondos solo podrán ingresarse mediante transferencia desde una cuenta bancaria propia o un CVU asociado al CUIT, y que los retiros también se harán exclusivamente por esos medios. La aclaración subrayó que la medida no afecta la posibilidad de operar con cheques de pago diferido como instrumento de inversión, sino únicamente su uso como medio de depósito o retiro.
La polémica surgió en redes sociales, donde usuarios denunciaron que la medida “encarece la operatoria” y “obliga a pagar impuesto al cheque para todo”. Uno de los comentarios en X señaló que la medida “se trata de otra acción contra las pymes del sector manufacturero”. Sin embargo, no se registraron pronunciamientos oficiales de las Alyc, lo que deja abierta la pregunta de cómo la industria de valores está gestionando la transición y si existen planes de compensar a los clientes afectados.
El impuesto al cheque tiene una historia curiosa: fue creado por el exministro Domingo Cavallo en la emergencia de 2001 con una vigencia inicial de 90 días, pero ya lleva 26 años en el marco tributario. La continuidad de un gravamen calificado como “uno de los más distorsivos” plantea interrogantes sobre la lógica de su permanencia. ¿Por qué el Gobierno no ha buscado reformar o eliminar un tributo que, según los propios datos, no logra su objetivo de recaudar de manera sostenible? ¿Qué criterios se aplicaron para decidir que la caída del 9 % en la recaudación justifica la pérdida de un mecanismo que beneficiaba a un sector productivo?
Además, la normativa 1.166 de la CNV, que establece la transferencia como única modalidad para la recepción y entrega de fondos, se citó como base para la medida. No obstante, la propia CNV menciona la “transparencia del mercado y la trazabilidad de las operaciones” como motivaciones, sin detallar cómo la eliminación del uso de cheques mejora esos aspectos. La falta de datos concretos sobre los supuestos riesgos de “conductas disvaliosas” deja un vacío que la autoridad no ha llenado.
En resumen, la reversión de la exención de cheques vuelve a colocar a las pymes bajo la carga del impuesto del 0,6 % por cada movimiento bancario, mientras el Gobierno justifica la decisión con la caída de la recaudación y argumentos de control financiero. La medida genera dudas sobre la coherencia de una política tributaria que mantiene vigente un gravamen de dos décadas, y sobre la ausencia de un debate público más amplio que incluya a los sectores productivos directamente afectados.



