Milei impulsa base naval en Ushuaia: ¿dónde está el dinero?
Los ministros de Exteriores y Defensa recorrieron el futuro emplazamiento de la Base Naval Integrada junto al gobernador de Tierra del Fuego. La medida, anunciada como parte de una política más dura contra el Reino Unido, levanta dudas sobre el financiamiento y el impacto en la provincia.
Ushuaia volvió a ser el centro de la polémica nacional este viernes, cuando el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti se reunieron con el gobernador Gustavo Melella y recorrieron los terrenos donde el gobierno de Javier Milei planea construir la “Base Naval Integrada”. La visita, acompañada por altos mandos militares y legisladores de La Libertad Avanza, buscó sellar el compromiso de la administración libertaria con una política más firme sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
El proyecto, que ya había sido delimitado por el kirchnerismo en 2022, quedó estancado por la falta de presupuesto. Ahora el presidente Milei lo incluye en su agenda, prometiendo financiarlo y, según fuentes locales, reorientar US$ 142 millones —el 30 % del costo total— hacia la nueva base. La cifra total estimada oscila entre US$ 400 y US$ 500 millones, pero la nota no aclara si esos recursos provendrán de reasignaciones, nuevas partidas o endeudamiento.
Melella, gobernador opositor que ha criticado la “intervención” del puerto de Ushuaia por el gobierno nacional, apoyó la medida en tanto se alinea con la postura de sancionar a empresas que exploten recursos en el archipiélago. Sin embargo, aprovechó la reunión para exigir más fondos y atención al Polo Logístico Antártico, un proyecto que, según él, beneficiaría la economía local con un nuevo puerto, depósitos, talleres y servicios de abastecimiento. La contradicción es evidente: mientras el mandatario impulsa una infraestructura militar bajo control de la Armada, el gobernador reclama inversión en infraestructura civil que él mismo gestiona.
La ausencia de detalles genera varias incógnitas. No se informó una fecha de inicio ni un calendario de obra; tampoco se especificó cómo se financiará la diferencia entre los US$ 400‑500 millones estimados y la reasignación de US$ 142 millones. ¿Se prevé un nuevo presupuesto o se recurrirá a recursos del Estado Mayor Conjunto? Además, la nota menciona que el ministro de Economía Luis Caputo recibiría la instrucción de incluir la Base Conjunta Antártica Petrel en el presupuesto, pero no se indica si esa inclusión ya se materializó.
Otro punto crítico es la falta de información sobre estudios de impacto ambiental. La zona de Ushuaia es sensible por su proximidad a la Antártida y a la biodiversidad del estrecho de Magallanes. ¿Se han iniciado los trámites de evaluación? La prensa local no recibió respuestas de la Cancillería, que solo difundió una foto en Twitter, y Clarín sigue sin obtener una declaración oficial sobre la intervención del puerto, un tema que el propio Melella reclamó.
Los legisladores presentes —senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca, diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli— y los altos mandos militares, almirantes Marcelo Dalle Nogare y Juan Carlos Romay, reforzaron la imagen de un proyecto que combina política exterior, defensa y desarrollo logístico. Sin embargo, la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza y del secretario del Área Malvinas, Andrés Dachary, no disipó la sensación de que la decisión se tomó sin un debate amplio en la provincia.
En resumen, la visita de Quirno y Presti dejó más preguntas que respuestas. El anuncio de la base naval se inscribe en una estrategia de presión sobre el Reino Unido, pero el financiamiento concreto, el calendario de ejecución y los posibles efectos sobre la economía y el medio ambiente de Tierra del Fuego siguen sin aclararse. La provincia, que ha reclamado mayor inversión para su Polo Logístico Antártico, observará de cerca si la “re‑asignación” de US$ 142 millones se traduce en avances reales o simplemente en una promesa más del gobierno libertario.
