Milei impulsa sanciones a la pesca en Malvinas bajo ley de 2008

El Gobierno de Javier Milei amplió su discurso sobre la actividad económica en las Islas Malvinas, pasando de la extracción de hidrocarburos a la pesca. Según fuentes oficiales, la medida pretende “castigar” a las empresas que, bajo licencias otorgadas por el gobierno británico, realizan capturas en la zona de 200 millas que rodea al archipiélago.

En la práctica, la base jurídica para esas sanciones ya existía. La Ley Federal de Pesca 26.386, sancionada en 2008 durante la gestión de Cristina Kirchner, incluye el artículo 27 bis, que permite impedir que compañías sin autorización argentina accedan a cuotas o permisos de pesca. Ese artículo no menciona a las Malvinas, pero el Estado lo utilizó como mecanismo contra operadores que pescaban allí con licencias británicas. La normativa quedó “en papel” y, según varios referentes de la industria pesquera consultados por Clarín, nunca se aplicó de manera plena.

En 2024 Milei intentó sustituir el artículo 27 bis con una nueva disposición sobre especies no cuotificadas, pero la resistencia del sector pesquero obligó a mantener la norma original. Ante la imposibilidad de eliminarla, el gobierno volvió a apoyarse en ella para reforzar la posición sobre Malvinas. La paradoja que señalan empresarios es que la herramienta legal ya estaba disponible y, sin embargo, el Estado no la utilizó hasta ahora.

Los datos de la revista Pesca y Puerto indican que en 2025 había 201 licencias de pesca en las islas, con una captura total de 204 040 toneladas y una recaudación de 47,7 millones de dólares. Para Argentina esos ingresos se consideran “ilegítimos”, pues provienen de un esquema unilateral de venta de licencias a buques extranjeros establecido por los británicos en los años noventa.

El sector pesquero advierte que la efectividad de las nuevas sanciones dependerá de la aplicación estricta del artículo 27 bis. Muchas empresas operan a través de estructuras internacionales —sociedades matriz, filiales, armadores y buques radicados en distintos países—. Una sanción a una compañía argentina podría, en la práctica, impactar a socios extranjeros, especialmente españoles y asiáticos, que participan indirectamente en la actividad.

Un caso citado por la revista muestra la complejidad del entramado: la empresa Pescapuerta Argentina S.A. cambió su denominación a Estrella Patagónica en 2015, manteniendo vínculos societarios con un grupo español que también pescaba en Malvinas. El Consejo Federal Pesquero, según los archivos, rara vez aplicó la caducidad automática prevista por la ley, ni bajo el kirchnerismo ni en la actualidad.

Ante este escenario, el proyecto de ley que el Ejecutivo presenta al Congreso busca ampliar la definición de “vinculación” para incluir participaciones accionarias, sociedades relacionadas y prestación de servicios. Si se aprueba, el número de compañías potencialmente alcanzadas podría crecer considerablemente, afectando no solo a la industria pesquera nacional sino también a exportadores que venden su producción en Europa.

En resumen, mientras el gobierno prepara un nuevo régimen de sanciones, el sector cuestiona la necesidad de crear herramientas adicionales cuando ya existía una norma capaz de actuar. La discusión gira en torno a la aplicación práctica de la ley de 2008 y a la capacidad del Estado para perseguir estructuras empresariales globalizadas que operan en un territorio en disputa. El desenlace de este debate determinará si la pesca en Malvinas seguirá generando ingresos para el archipiélago o se convertirá en un punto más de presión en la política exterior argentina.