Juzgan a De Vido y Schoklender por 206 millones desviados
El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py anunciará este viernes el veredicto del caso “Sueños Compartidos”. La fiscalía pide hasta seis años de cárcel y la confiscación del dinero presuntamente sustraído, pero la defensa ya plantea la prescripción del delito. ¿Qué queda en juego para los imputados y para los fondos que nunca llegaron a las viviendas?
Después de medio año de audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py se prepara para cerrar el juicio contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y varios exfuncionarios vinculados al programa “Sueños Compartidos”. La audiencia, que arrancará a las 9:30 h, será la última oportunidad que tendrán los nueve acusados para dirigirse al tribunal antes de que los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg fijen la hora del veredicto.
La fiscalía, encabezada por el fiscal federal Diego Velasco, y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron que todos los imputados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. La pena propuesta oscila entre cuatro y seis años de prisión, con inhabilitación perpetua para quienes fueron funcionarios. Además, la Fiscalía pidió el decomiso de los 206 millones de pesos que, según la acusación, fueron desviados del programa, con la condición de que el monto sea actualizado por inflación y destinado a nuevas viviendas sociales.
En los alegatos, la Fiscalía también exigió seis años de cárcel para los hermanos Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala, mientras que para Daniel Nasif (ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero), Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin la petición se redujo a cuatro años. La diferencia en las penas solicitadas refleja la gravedad que la Fiscalía atribuye a los roles de cada uno dentro del esquema.
La defensa, por su parte, no solo reclama la absolución de sus representados, sino que también invocó la prescripción del delito. El argumento, que ya había surgido en etapas anteriores del proceso, plantea que el tiempo transcurrido desde los hechos –entre 2008 y 2011, cuando el gobierno de Cristina Kirchner transfirió cerca de 900 millones de pesos al programa– habría extinguido la acción penal. La estrategia defensiva no aclara si se basa en la normativa vigente o en la interpretación de los plazos de prescripción para delitos de administración fraudulenta.
El programa “Sueños Compartidos”, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió esos 900 millones de pesos con el objetivo de construir viviendas sociales en distintas provincias, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Según la acusación, 206 millones fueron desviados mediante contrataciones directas y canalizados a empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, mientras que gran parte de las obras nunca se ejecutó y los empleados del proyecto quedaron sin pago ni aportes previsionales.
El fiscal Velasco describió el caso como “un esquema criminal pergeñado y organizado desde el Estado nacional”, señalando la colusión entre funcionarios y los apoderados del proyecto. Además, se señaló una segunda fase del proceso: el presunto lavado de dinero, pues parte del capital desviado habría sido ingresado a compañías a nombre de los Schoklender.
Quedan varias incógnitas que la audiencia del viernes no podrá disipar por completo. Primero, la Fiscalía no precisó cuánto dinero, una vez actualizado por inflación, podría recuperarse y a qué programa específico se destinaría. Segundo, la defensa no ha ofrecido pruebas que demuestren la prescripción, lo que deja abierta la cuestión de si la normativa penal permite cerrar el caso por el paso del tiempo. Por último, la sentencia, sea cual sea, no garantiza la restitución a los trabajadores que nunca recibieron sus salarios ni a los futuros beneficiarios de viviendas que el proyecto prometió.
En cualquier caso, la decisión del tribunal marcará un punto de referencia para los procesos de corrupción vinculados a obras públicas y programas sociales. Si se confirma la confiscación y el destino de los fondos, la medida podría sentar un precedente de mayor control sobre la gestión de recursos estatales. Si, por el contrario, la defensa logra que se acoja la prescripción, el caso quedará en el archivo, mientras los 206 millones siguen sin recuperarse y las viviendas prometidas continúan en el papel.
El veredicto, que se conocerá en los próximos días, será el cierre de una causa que ha mantenido en vilo a la opinión pública y a los sectores que demandan rendición de cuentas en la gestión de fondos destinados a la vivienda social.
