Paro de subtes culminó con la amenaza de suspender a los metrodelegados

El martes, los trabajadores de las seis líneas de subte y del Premetro dejaron de operar desde minutos antes de las 10 hasta pasadas las 16, lo que significó una interrupción total del servicio. Según estimaciones oficiales, entre 300 mil y 400 mil usuarios se vieron afectados, una cifra que se compara con los 800 mil pasajeros que utilizan el subte en un día hábil.

En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires publicó el 23 de junio un decreto que incorpora la normativa nacional N.º 27.802. El texto obliga a subtes, colectivos y la recolección de residuos a garantizar un servicio mínimo del 50 % al 75 % durante jornadas de huelga. En el caso del transporte público, la actividad fue catalogada como de “importancia trascendental”, con la obligación de mantener al menos el 50 % de la prestación. Para la recolección de residuos, la exigencia sube al 75 %.

Aun con esa medida, la Ciudad intimó a la AGTSyP a respetar el mínimo del 50 %, pero el servicio quedó paralizado en su totalidad. Ante la falta de cumplimiento, fuentes del Ministerio de Justicia porteño indicaron que se está evaluando la posibilidad de sancionar a los metrodelegados, contemplando suspensiones o descuentos salariales.

Jorge Macri, jefe de Gobierno, defendió la medida diciendo que “se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”. La declaración plantea la pregunta de si la imposición de un mínimo de servicio y la amenaza de sanciones serán suficientes para evitar futuros cortes, o si la medida solo profundiza la confrontación entre el Gobierno y los sindicatos.