Proyecto de Soberanía Nacional de 133 artículos avanza sin comisiones

El día después de presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Con 133 artículos, el texto pretende “castigar a quienes exploten nuestros recursos naturales de forma ilegítima” y, a la vez, establecer un nuevo marco de seguridad nacional. Hasta el momento no fue girado a ninguna comisión; la autoridad oficial indica que, por la cantidad de materias que toca, debería debatirse en un plenario que incluya a Defensa, Presupuesto y Legislación Penal, entre otras.

Entre los puntos más controvertidos está la derogación de la Ley 26.659, vigente desde 2011, que regulaba la exploración de hidrocarburos en la Plataforma Continental. El proyecto propone un régimen de sanciones ampliado que no solo abarcaría la actividad petrolera, sino también cualquier aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que, según el texto, incluiría potencialmente la pesca. Las prohibiciones se extenderían a personas o empresas que faciliten esas actividades, incluso mediante reorganizaciones societarias diseñadas para eludir multas.

El borrador plantea multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos, resolución de contratos y penas penales. Además, ofrece una vía de regularización para quienes ya estén involucrados, mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones, bajo la autoridad que designe el Poder Ejecutivo. La ausencia de un organismo independiente que supervise ese proceso genera dudas sobre la transparencia y la posibilidad de usos discrecionales.

Otro eje del proyecto es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. El objetivo, según el gobierno, es “integrar dentro del concepto de seguridad las cuestiones de soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura, ciberespacio y otros”. La concentración de tantas competencias en un mismo órgano plantea la pregunta de cómo se mantendrán los equilibrios institucionales y qué mecanismos de control existirán para evitar una sobrecarga de poder ejecutivo.

La oposición ya lanzó sus primeras críticas. El diputado Esteban Paulón calificó el proyecto de “inaceptable” y advirtió que rompería los límites republicanos, poniendo en riesgo la calidad democrática. El radical Pablo Juliano señaló el artículo 111, que modifica el código penal para imponer penas de cinco a doce años de prisión a quienes, bajo financiamiento extranjero, intenten interferir en procesos electorales o financien actos de violencia. Juliano recordó que el presidente Milei había insinuado en 2025 un intento de golpe de Estado y había acusado a la prensa de recibir dinero ruso; ahora, según él, el gobierno busca una herramienta para criminalizar cualquier intento de desestabilización.

El exjefe de gabinete y exministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, también se mostró escéptico: “Es demencial meter en un mismo proyecto de ley dos cuestiones de semejante magnitud”. Para Cafiero, la mezcla de sanciones a la explotación de recursos, la reforma del sistema de defensa y cambios penales parece una estrategia para “sobreactuar la urgencia y generar un proyecto deliberadamente abrumador, forzando una aprobación exprés”.

Mientras tanto, la mayoría de la Cámara Baja se concentra en cerrar la batalla por los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad, que deben firmarse a fin de mes. Esa presión ha llevado a posponer el debate del Presupuesto para octubre y a añadir, en paralelo, la discusión del proyecto de Soberanía. La simultaneidad de ambas materias podría limitar el tiempo de análisis y debate, algo que la oposición ya denuncia como una maniobra para acelerar la votación.

En definitiva, el proyecto plantea una serie de interrogantes sin respuesta clara: