Quedan solo dos consorcios en la puja por AySA
De los 17 postulantes que presentaron sus ofertas técnicas, solo dos lograron pasar el filtro inicial. La licitación busca vender el 90 % de la estatal del agua, pero aún no se conoce ni el precio ni el operador que quedará al final. El proceso avanza entre la expectativa de inversión y una disputa judicial que limita cualquier cambio en el servicio.
Este martes se abrió la fase de ofertas técnicas de la privatización del agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires. La plataforma oficial CONTRAT.AR publicó a las 10 hs la lista de los dos únicos consorcios que cumplieron con los requisitos del pliego, de un total de 17 constructores que habían ingresado al proceso.
El primer grupo quedó registrado bajo la razón social Rowing S.A. y está integrado por la empresa de ingeniería fundada por Walter Román, el proveedor de policloruro de aluminio Transclor (propiedad de Mauricio Filiberti) y la constructora Arcos, con sede en Tucumán. La cuarta firma, que aparece como PHX, figura en la documentación, pero la entidad detrás de esa denominación no se ha identificado de forma clara, lo que genera dudas sobre su rol y su capacidad financiera.
El segundo consorcio está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio, y se completa con Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El Grupo Roggio ya opera Aguas Cordobesas y controla el subte porteño a través de Emova y la línea Urquiza mediante Metrovías. En los últimos meses había buscado alianzas con operadores internacionales para cumplir con el requisito de experiencia comprobada exigido por el pliego.
El pliego único de bases y condiciones establece que los participantes deben acreditar al menos cinco años de experiencia reciente en la gestión de agua y saneamiento en centros urbanos de más de 1,5 millones de habitantes y 500 mil usuarios. Además, exigen un patrimonio neto consolidado de mínimo USD 300 millones, que se eleva a USD 1 mil millón en activos bajo gestión para fondos de capital privado o consorcios. La Comisión de Evaluación revisará ahora si las propuestas cumplen con esos criterios legales, técnicos, económicos y financieros. Solo los que superen este filtro pasarán a la segunda etapa, donde se abrirán las ofertas económicas y se adjudicará el contrato al postor que presente el mayor precio en dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la apertura en su cuenta de X, subrayando que el nuevo operador tendría “obligaciones de inversión por más de USD 2 mil millones en los primeros 5 años”. La declaración, sin embargo, no aclara cómo se financiarán esas inversiones ni qué garantías existen para que se traduzcan en mejoras reales para los usuarios.
El proceso se desarrolla en medio de una disputa judicial. Una medida cautelar de la Justicia bonaerense, ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, prohíbe a AySA modificar o reducir sus obligaciones de acceso al agua potable mientras continúe el litigio de fondo. El Gobierno sostiene que la resolución no ordena cancelar la licitación, pero la ambigüedad deja abierta la posibilidad de que cualquier decisión de traspaso sea impugnada.
Quedan varias incógnitas. ¿Qué pasará si la segunda fase revela que los precios ofertados están por debajo de los USD 2 mil millones de inversión anunciados por el Ministerio? ¿Cómo se garantizará la continuidad del servicio mientras el litigio sigue abierto? Y, sobre todo, ¿qué implica la presencia de una firma anónima como PHX en un proceso tan sensible? La falta de información sobre su identidad y su aporte financiero plantea preguntas sobre la transparencia del consorcio.
A falta de una oferta económica y sin un nombre definitivo de futuro operador, el país sigue sin saber si la privatización de AySA logrará los supuestos beneficios de “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos”. El próximo paso será la evaluación de la Comisión y, de ser aprobadas, la apertura de las ofertas económicas, momento en el que la discusión pasará de lo técnico a lo financiero y, probablemente, a un nuevo nivel de controversia pública.
