Solo 700.000 con discapacidad trabajan; 64,6 % quedan fuera
En España la tasa de actividad de personas con discapacidad apenas subió dos puntos en una década, pese a los récords de empleo. La brecha salarial y la dependencia de pensiones siguen sin explicar la exclusión masiva del mercado laboral.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 sólo el 35,4 % de la población con discapacidad en edad de trabajar está activa, frente al 78,5 % de la población sin discapacidad. Esa diferencia de 43 puntos se mantiene casi sin cambios desde hace veinte años, a pesar de que el desempleo del colectivo alcanzó su nivel más bajo en la última década (18,5 %). La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué la mejora en la tasa de paro no se traduce en más puestos de trabajo?
El presidente de la patronal de centros especiales de empleo (CONACEE), Albert Campabadal, estima que de los 4,4 millones de personas con discapacidad en España, apenas 700 000 están activas. La cifra sugiere que la normativa vigente –como la obligación de reservar el 2 % de la plantilla en empresas de 50 o más empleados– no está cumpliendo su objetivo. Campabadal atribuye la brecha a “prejuicios y una mirada asistencial en lugar de una mirada de talento”, y señala la ausencia de itinerarios laborales adecuados. ¿Se están aplicando realmente los planes de inclusión o siguen siendo promesas en papel?
La situación se refleja también en la Seguridad Social. De los 3.305.700 beneficiarios con discapacidad en 2023, el 76,4 % percibía una pensión contributiva, mientras que solo el 11,4 % estaba en alta laboral exclusiva. En otras palabras, tres de cada cuatro personas con discapacidad dependen de una pensión, aunque el empleo haya alcanzado su nivel más alto (28,9 % en 2024). La política de cuotas parece insuficiente para cambiar esa realidad.
El salario medio bruto del colectivo fue de 23.159,7 euros en 2023, un 5,1 % más que el año anterior, pero sigue representando solo el 82,1 % del salario medio sin discapacidad (28.207,8 euros). La brecha salarial persiste, y se amplía dentro del propio grupo: las mujeres superaron por primera vez a los hombres en participación laboral (36,3 % frente a 34,7 %), pero sus ingresos fueron 1.661,8 euros menores (22.191,5 euros contra 23.853,3 euros). ¿Qué mecanismos están manteniendo esa desigualdad de género dentro de un colectivo ya marginado?
Los centros de empleo asociados a CONACEE mostraron un crecimiento notable: pasaron de 2.104 empleados en 2012 a 34.936 en 2024, dieciséis veces más. Historias como la de Sara Nunes, quien tras varios contratos temporales encontró estabilidad en el Ministerio de Derechos Sociales a través del Centro Especial de Empleo Lacera Integra, ilustran que existen rutas de inserción. Sin embargo, la magnitud del avance sigue siendo mínima frente a la población total con discapacidad.
El catedrático de la Universidad de Salamanca, Agustín Huete García, advierte que la desigualdad del colectivo “presenta una notable resistencia al cambio, incluso en periodos de crecimiento económico o de expansión normativa”. Esa resistencia se traduce en cifras que no se mueven, pese a los incentivos y a la mejora de la economía general.
En síntesis, los números confirman que la inclusión laboral de las personas con discapacidad en España avanza a paso de tortuga
