Supremo amplía suspensión del voto a nacionalizados bajo Ley de Memoria Democrática

Iustitia Europa solicitó al Tribunal Supremo que amplíe la suspensión cautelar del derecho al voto a los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática que, tras nacionalizarse, pasaron del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al Censo Electoral de Residentes (CER), y que la medida alcance a sus hijos.

El Supremo adoptó en septiembre y confirmó el 12 de octubre la suspensión de los efectos electorales de 163 020 personas nacionalizadas mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y registradas en el CERA. La restricción se aplica a quienes no puedan acreditar que sus antepasados españoles se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, de creencia o vinculados a la orientación o identidad sexual.

La medida no afecta la nacionalidad española, solo el derecho a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Consulado General de España en Buenos Aires recibió unas 645 000 solicitudes de nacionalidad. Hasta mediados de 2026 había resuelto alrededor de 30 000 expedientes; la documentación física supera los 220 000 expedientes y el consulado prevé que la recepción de documentos de quienes obtuvieron turno durante la vigencia de la norma pueda extenderse hasta 2030 o 2031.

Beneficiarios consultados denuncian que la suspensión del voto constituye una restricción de derechos políticos y critican la exigencia de documentos fehacientes de exilio que muchas familias no conservan.

Iustitia Europa también pidió que la Oficina del Censo Electoral y el Instituto Nacional de Estadística identifiquen los movimientos de los nacionalizados que pasaron del CERA al CER y, mientras se verifica, suspendan cautelarmente sus efectos electorales. Además, solicitó la suspensión cautelar del voto de los hijos e hijas de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, tanto si aparecen en el CER como en el CERA.

Los últimos datos oficiales citados por medios españoles contabilizan 195 872 nacionalidades concedidas a hijos mayores de edad dentro del Anexo III, cifra que mezcla a descendientes de la normativa de 2022 con hijos de ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad bajo la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Supremo dio como fecha límite este miércoles para que el Gobierno entregue la identificación de las 163 020 personas afectadas, advirtiendo que, de no cumplir, podría imponer multas de 1 000 euros, reiterables, y valorar responsabilidades penales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que el Ejecutivo entregaría el listado dentro del plazo.

Hasta el 21 de octubre, el Ministerio de Exteriores había revisado 31 390 casos y emitido apenas 91 certificados que acreditaban la condición de descendientes de exiliados, requisito que permite recuperar el derecho al voto. La nacionalidad no está suspendida, pero el derecho político de una parte de estos nuevos españoles sigue bajo revisión judicial, mientras el Supremo analiza si la medida debe extenderse también a quienes se mudaron a España y a los hijos de los nacionalizados.