Thales UK sobrevuela Malvinas sin permiso y aviva la disputa con Argentina

El lunes, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia contra Thales UK Limited por haber realizado un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. La aeronave, matriculada en el Reino Unido, transportó a miembros de la delegación isleña que asistían al Punta Arenas Business Showroom, un foro empresarial que se celebra el 28 y 29 de septiembre y reúne a unos 80 representantes de firmas británicas y chilenas.

El objetivo del encuentro, según la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), es explorar una nueva vía comercial marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La FIDC señaló que la ruta, operada en el pasado durante varias décadas, quedó fuera del mercado a principios de los 2000 por razones financieras. En 2025 la corporación detectó “potencial suficiente” para reactivarla y, junto a la naviera chilena Easter Island Naviera, firmó un contrato para establecer la conexión, con la intención de competir con el abastecimiento que actualmente realiza Uruguay, a 2 000 km de distancia.

Los productos que se contemplan transportar incluyen frutas, verduras, lácteos, madera, materiales de construcción, alimentos para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos, vinos y cervezas. La FIDC describió al evento como la delegación comercial más grande que las islas hayan enviado al exterior, con entre 30 y 40 firmas chilenas y alrededor de 40 representantes del sector privado malvinense.

Sin embargo, el vuelo de Thales UK, que no contó con autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores ni con el permiso exigido por el decreto 256 de 2010 —el cual obliga a solicitar autorización previa para buques que transiten entre el territorio continental y las islas—, generó una “escalada diplomática inmediata”. Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios contra la empresa y activó gestiones diplomáticas, aunque el comunicado no precisó qué medidas concretas se contemplan.

La controversia se inserta en una tensión creciente entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En paralelo, el gobierno argentino intimó a Londres a detener, en dos semanas, las operaciones de exploración de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 km al norte de las islas. De no cumplirse, Argentina planea solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en las islas podrían quedar excluidas de proyectos estratégicos argentinos, como Vaca Muerta.

Desde Chile, la postura resulta ambigua. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó que Chile apoya el reclamo de soberanía argentino, pero que eso “no implica restricciones al comercio”. Al mismo tiempo, calificó al Reino Unido de “país amigo” que ejerce soberanía desde hace 200 años, una observación que generó rispideces en Buenos Aires. La contradicción entre el apoyo al reclamo argentino y la ausencia de impedimentos al comercio plantea la pregunta de hasta qué punto Chile está dispuesto a mediar o a favorecer a una de las partes.

Otro punto conflictivo es la diferencia entre la normativa interna argentina y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El decreto 256 exige autorización previa, mientras que Convemar reconoce el derecho de tránsito de cualquier embarcación sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva. El excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, advirtió que esta disparidad podría desencadenar conflictos legales si la ruta se materializa sin una clarificación internacional.

La FIDC, organismo cuasi autónomo financiado con un presupuesto anual de aproximadamente £1 000 000, está impulsando el proyecto pese a la complejidad regulatoria y la sensibilidad política. La pregunta que queda pendiente es si la reactivación de la ruta marítima será viable sin una solución clara sobre los requisitos de autorización y sin que se convierta en un nuevo punto de fricción entre Argentina, el Reino Unido y Chile.

En resumen, el vuelo no autorizado de Thales UK expone las tensiones latentes entre intereses comerciales y soberanos en la región. Mientras el gobierno de Milei avanza con sanciones y con la presión sobre el proyecto de hidrocarburos británico, la falta de respuestas concretas sobre la legalidad del tránsito y la posición de Chile mantiene la disputa en un estado de