Pericia revela ausencia de balances en hotel de los Kirchner

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) incorporó esta semana una pericia elaborada por especialistas de la Corte Suprema, justo antes de que arranque el debate oral el 23 de octubre. El documento, de treinta y tantos páginas, analizó los movimientos contables del hotel boutique administrado por Cristina Kirchner y su familia, y concluyó que los peritos no lograron determinar si la explotación comercial era realmente rentable. La razón, según la propia pericia, es la “llamativa ausencia de balances oficiales y documentación respaldatoria básica”.

Ese vacío documental es el punto que los fiscales necesitan para sostener la acusación de lavado de activos. Sin pruebas que demuestren ingresos y egresos claros, la hipótesis de que la sociedad Los Sauces S.A. sirvió como pantalla para canalizar fondos de obra pública se vuelve más difícil de probar. La denuncia, iniciada por la ex diputada Margarita Stolbizer y llevada adelante por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, sostiene que la inmobiliaria constituida en 2006 nunca funcionó como un negocio de mercado.

Los números que la justicia ya manejaba apuntan a una operación concentrada en pocos socios. Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó “casi 26 millones de pesos”, lo que representó el 88 % de sus ingresos totales. De esa cifra, los empresarios Lázaro Báez y el Grupo Indalo aportaron 7 millones, mientras que Cristóbal López y Fabián De Sousa inyectaron alrededor de 18,5 millones. Además, los accionistas habrían retirado más de 10 millones de pesos de la caja y utilizado varios inmuebles sin costo.

Aun así, la pericia no aclara si esas cifras se reflejan en balances formales. La falta de documentos oficiales deja abierta la pregunta: ¿cómo se justifican esos ingresos y retiros sin la contabilidad correspondiente? La justicia no ha precisado si se solicitará a la defensa la presentación de los balances que supuestamente faltan, ni qué medidas tomará ante la ausencia de pruebas contables.

El informe también menciona un “circuito inmobiliario de altísimo valor”. Entre los inmuebles bajo sospecha está el dúplex de los pisos 8 y 9 del complejo Madero Center, en Puerto Madero, ocupado por Cristóbal López a través de sus firmas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Según la investigación, López pagó “alrededor de 1,7 millones de dólares” por usar el departamento entre 2012 y 2017, pero una tasación judicial posterior indicó que el valor real de mercado del alquiler era apenas la mitad, o menos, del monto pactado.

El mapa de propiedades incluye lotes y departamentos en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, construidos por Austral Construcciones, además de la residencia de la calle Mascarello 400 y el departamento de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires. La pericia no detalla si se revisaron los contratos de alquiler de esos inmuebles ni si se encontraron irregularidades similares a las del dúplex de Madero Center.

El caso ha atravesado varias etapas judiciales. En noviembre de 2021, el TOF 5 había sobreseído a todos los involucrados; la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión en septiembre de 2023, obligando a avanzar con el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, excluyendo a Florencia Kirchner. En diciembre de 2024, la Corte Suprema elevó el proceso a la fase oral.

Quedan varios interrogantes sin respuesta. La pericia no indica si se revisaron los flujos bancarios vinculados a los inmuebles del sur del país, ni si existen pruebas de que los “alquileres inflados” fueron parte de un esquema de lavado. Tampoco se sabe si la defensa ya dispone de los balances que la acusación reclama o si la falta de documentación será considerada como un indicio de ocultamiento