Vecinos de Núñez celebran la calma tras el desalojo de una ocupación de 30 años

El martes pasado la justicia ordenó el desalojo de la propiedad situada en Manuela Pedraza 1800, en el barrio de Núñez, donde un grupo de ocupantes había establecido su residencia y actividades durante más de tres décadas. La intervención, que contó con la presencia de la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, culminó con la evacuación de los habitantes y el cierre físico de los accesos a la planta baja y a los balcones del primer piso.

Según el expediente judicial, la ocupación comenzó a finales de los años noventa, cuando un conjunto de familias y colectivos sociales se instaló en el inmueble tras la falta de respuesta del propietario a la crisis de vivienda. Con el paso del tiempo, el edificio se transformó en un punto de reunión para distintas organizaciones y, según denuncias presentadas por vecinos, en un foco de ruidos nocturnos, consumo de sustancias y actividades ilícitas.

El proceso judicial que culminó en el desalojo se inició en 2022, cuando varios residentes presentaron una querella por alteración del orden público y deterioro del bien inmueble. La demanda fue admitida por el Juzgado de Paz de la Capital y, tras varias audiencias, el juez dictó una orden de desocupación con plazo de diez días, la que fue ejecutada en la madrugada del martes. La Policía Federal, con apoyo de la Unidad de Intervención de la Ciudad, ingresó al edificio, registró los espacios y desalojó a los ocupantes sin que se registraran enfrentamientos.

Una vez vaciado el inmueble, los operativos de seguridad sellaron las puertas de acceso a la planta baja y bloquearon los balcones del primer piso con tablones de madera y malla metálica, medida que la autoridad municipal describió como “precautoria para evitar nuevas ocupaciones”. La medida también buscó impedir la entrada de personas no autorizadas mientras se determina el futuro uso del predio.

Los vecinos de la zona, que habían vivido con la presencia constante de la ocupación, manifestaron un fuerte alivio. “Antes era un ruido constante, la gente entraba y salía sin control. Hoy el edificio está cerrado, y la calle se siente más tranquila”, comentó María González, propietaria de un departamento en la misma cuadra. Otro residente, Carlos López, indicó que la percepción de inseguridad había aumentado en los últimos años: “Había robos y vandalismo cerca del edificio. Desde que lo sellaron, la gente camina con más confianza”.

Las autoridades locales también expresaron su satisfacción con la operación. El secretario de Seguridad de la Ciudad, Juan Pérez, señaló que “la intervención se realizó dentro del marco legal y con el objetivo de restablecer el orden en una zona que había sufrido una degradación de la convivencia”. Añadió que el próximo paso será “definir la destitución del bien, ya sea mediante una venta o la restitución al propietario original, para evitar que vuelva a quedar desocupado”.

El propietario del inmueble, que prefirió mantenerse anónimo, había iniciado gestiones judiciales en 2021 para recuperar la posesión del edificio. En una breve entrevista telefónica, el dueño explicó que la ocupación había provocado graves daños estructurales y que, tras el desalojo, se iniciarían obras de reparación: “Hay que reforzar la fachada y revisar las instalaciones eléctricas. No podemos dejar el edificio en ese estado”.

Mientras tanto, la comunidad de Núñez se prepara para una posible remodelación del predio. Algunas asociaciones vecinales propusieron la creación de un espacio cultural o una vivienda social, aunque la decisión final dependerá de la negociación entre el propietario y la municipalidad. Por el momento, la zona se beneficia de una mayor presencia policial y de la ausencia de los ruidos y conflictos que marcaban la vida cotidiana durante los últimos treinta años.

El caso de Manuela Pedraza 1800 pone de relieve la complejidad de los procesos de ocupación prolongada en la capital. Por un lado, se evidencia la necesidad de respuestas legales rápidas ante situaciones que alteran la convivencia; por el otro, se muestra la dificultad de encontrar soluciones habitacionales sostenibles que eviten la recurrencia de este tipo de escenarios. La experiencia de los vecinos, que ahora viven con mayor sensación de seguridad, sugiere que la intervención estatal, cuando se combina con medidas de cierre temporales y una planificación a futuro, puede restablecer el equilibrio en barrios que habían sido marcados por la conflictividad.

En los próximos días, la municipalidad publicará un informe sobre el estado del edificio y los pasos a seguir para su destino final. Mientras tanto, los residentes de Núñez siguen disfrutando de la tranquilidad que, tras más de tres décadas, vuelve a ser la norma en su calle.