Vigo obliga a renuncia de legislador peronista en escándalo de abuso
Una presión política desde la gobernación de Córdoba terminó con la carrera de un diputado de la lista peronista. La senadora que también es esposa del gobernador, María Schiaretti, jugó un papel clave en la decisión, pero quedan dudas sobre los pasos previos y la respuesta institucional al caso.
El martes 30 de agosto el diputado nacional Juan “Cañito” Flores presentó su renuncia irrevocable al Congreso, tras una serie de denuncias de abuso sexual que surgieron a inicios de mes. La medida llegó después de que el gobernador de la provincia, Juan Vigo, ejerciera una presión directa sobre la cúpula del Partido Justicialista, exigiendo la salida del parlamentario.
Flores, de 45 años, había sido electo en 2021 como parte de la lista “Juntos por el Cambio” dentro del bloque peronista. Su perfil había sido relativamente bajo, pero su historial de declaraciones controvertidas y su vínculo cercano con la cúpula de la provincia lo mantenían bajo la lupa de los medios locales. A mediados de julio, una víctima anónima presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia de Córdoba, señalando un supuesto abuso de poder y contacto sexual inapropiado cuando era estudiante en una escuela pública de la zona.
A diferencia de otros casos de acoso que fueron archivados sin mayor discusión, la denuncia contra Flores tomó un giro inesperado cuando la senadora María Schiaretti, esposa del gobernador y una de las figuras más influyentes del peronismo cordobés, intervino en la mesa de decisiones del bloque. Según fuentes cercanas al Congreso, Schiaretti habría “liquidado la suerte” del diputado, es decir, habría determinado que su permanencia era insostenible para la imagen del partido. La senadora, que también ocupa una banca nacional, no emitió un comunicado oficial, pero su influencia quedó patente en la rapidez con que el partido aceptó la renuncia.
Lo que no se explicó con claridad es por qué la presión de Vigo fue necesaria. En los primeros días de la denuncia, la oficina del diputado emitió un comunicado defendiendo su inocencia y calificando la acusación de “campaña difamatoria”. La justicia, por su parte, abrió una causa de investigación, pero no había indicios de una medida cautelar que impidiera que Flores continuara ejerciendo sus funciones parlamentarias. Fue sólo después de que el gobernador, en una entrevista televisada, declarara que “no podemos tolerar conductas que pongan en entredicho la dignidad de nuestras instituciones” que la cúpula del PJ empezó a mover los hilos.
El hecho plantea varias preguntas que aún quedan sin respuesta. Primero, ¿por qué la denuncia tardó tanto en generar una reacción institucional? La Fiscalía de Córdoba había recibido la información en julio, pero la falta de una medida preventiva sugiere una posible dilación interna. Segundo, el rol de Schiaretti y su “liquidación” de la suerte del diputado abre la puerta a la sospecha de que la decisión fue más política que judicial. ¿Se priorizó la preservación del poder del bloque peronista sobre una investigación exhaustiva? Tercero, la renuncia no implica una exoneración de los cargos. La causa sigue activa y la víctima aún no ha sido escuchada en audiencia pública.
El contexto nacional tampoco se puede pasar por alto. En los últimos meses, varios partidos han sido sacudidos por escándalos de abuso y acoso, lo que ha intensificado la presión social para que los legisladores respondan con mayor transparencia. Sin embargo, la reacción de la bancada peronista de Córdoba parece haber sido reactiva y no preventiva. La falta de un protocolo claro para casos de acoso sexual dentro del bloque genera la sensación de que cada situación se resuelve a la medida de la presión mediática o política del momento.
Mientras tanto, la senadora Schiaretti ha mantenido silencio respecto a su participación en el proceso. En una entrevista con un medio local, se limitó a afirmar que “todos los representantes deben ser ejemplo de conducta”. La frase, aunque correcta, no aclara si su intervención fue motivada por convicciones éticas o por la necesidad de contener el daño político que la polémica podía causar al gobernador y a su proyecto de gestión.
En la Cámara de Diputados, la partida de Flores deja un asiento vacante que será ocupado por el siguiente candidato de la lista provincial, según el reglamento electoral. El nuevo diputado entrará en un contexto de creciente escrutinio público, y la expectativa es que el bloque peronista adopte medidas más visibles para prevenir futuros abusos. Hasta ahora, el partido no ha anunciado cambios en sus normas internas ni ha propuesto una comisión independiente para revisar casos de acoso.
La renuncia, aunque puntual, no cierra el debate. El caso expone la fragilidad de los mecanismos de control interno en los partidos y la dependencia de la presión externa para activar respuestas efectivas. Si la justicia logra esclarecer los hechos y se imponen sanciones, la historia quedará como un ejemplo de que la rendición de cuentas puede llegar, pero solo cuando la política decide
