Gobierno lanza cinco medidas para impulsar la economía sin gasto extra
El Ejecutivo presentó un plan de cinco iniciativas que, según sus autores, deberían reactivar la producción y el consumo sin elevar el déficit. Sin embargo, la lógica que sustenta esas medidas deja varias interrogantes: ¿realmente pueden generar crecimiento sin costar al erario y sin crear nuevos riesgos?
En una rueda de prensa celebrada el martes, el presidente anunció un paquete de cinco medidas que, a su juicio, “permitirán que la actividad se recupere sin subir el gasto público y con miras a 2027”. La propuesta combina la ampliación del crédito, ajustes salariales focalizados y una serie de incentivos para que el sector financiero redirija sus recursos hacia la inversión productiva y el consumo. En teoría, la estrategia suena atractiva: más dinero circulando, salarios más altos para los puestos peor pagados y, supuestamente, sin necesidad de imprimir billetes ni recortar otros rubros.
La primera medida consiste en la creación de una línea de crédito especial para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con tasas de interés reducidas y plazos de amortización extendidos. El gobierno asegura que el nuevo fondo, alimentado por la banca estatal y los bancos privados que participen, movilizará alrededor de 300 mil millones de pesos en los próximos dos años. La premisa es que, al bajar el costo del financiamiento, las empresas podrán invertir en maquinaria, ampliar su plantilla y, de paso, generar empleo. La pregunta que surge es quién absorberá ese riesgo crediticio. En años anteriores, líneas similares fueron canalizadas a sectores que luego presentaron dificultades de pago, obligando al Estado a absorber pérdidas o a reestructurar la deuda. Además, la ampliación del crédito sin una contrapartida de garantía robusta podría incentivar una sobrecarga de deuda en un segmento que ya muestra vulnerabilidades.
En segundo lugar, el Ejecutivo propone un ajuste salarial para los trabajadores que perciben menos del salario mínimo. La idea es subir el ingreso base en un 15 % durante los próximos 12 meses, financiado mediante una reducción del impuesto a las ganancias para las empresas que contraten a estos trabajadores. Aquí la lógica es doble: elevar el poder adquisitivo de los estratos más vulnerables y, al mismo tiempo, incentivar la contratación formal. No obstante, el aumento salarial sin un acompañamiento de productividad puede traducirse en presión inflacionaria. El último dato del INDEC muestra una inflación anual de 124 %, y cualquier impulso a la demanda sin un aumento de la oferta podría alimentar aún más ese círculo vicioso. Además, la medida asume que las empresas podrán absorber la mayor carga salarial gracias al descuento impositivo, pero en un contexto de márgenes comprimidos esa expectativa resulta optimista.
La tercera iniciativa busca “desbloquear” recursos del sistema financiero mediante la creación de un fondo de inversión pública‑privada, orientado a proyectos de infraestructura y energía renovable. El gobierno plantea que los bancos, a cambio de incentivos fiscales, destinen un 2 % de sus carteras a este fondo. La meta es canalizar 150 mil millones de pesos en proyectos que, según la autoridad, crearían 45 mil empleos directos. Sin embargo, la experiencia con fondos similares muestra que la burocracia y la falta de criterios claros de selección pueden convertir el dinero en “promesas sin ejecución”. Además, la medida depende de la buena voluntad de los bancos, que podrían preferir invertir en activos de bajo riesgo y mayor rentabilidad, dejando el fondo con recursos escasos.
La cuarta medida implica la reducción de aranceles a la importación de insumos productivos, bajo la premisa de que al abaratar los costos de producción se mejore la competitividad de la industria nacional. El beneficio se aplicará a un listado de 200 productos, entre materias primas y componentes tecnológicos. Si bien la medida puede aliviar a sectores que dependen de insumos importados, también implica una pérdida de recaudación aduanera que, en un contexto de déficit fiscal que supera el 5 % del PBI, no es despreciable. La pregunta que queda pendiente es cómo compensar esa caída sin volver a subir el gasto en otras áreas.
Por último, el gobierno anunció un programa de “educación financiera” para consumidores y pequeñas empresas, financiado por el propio Banco Central. El objetivo es mejorar la toma de decisiones de crédito y consumo, supuestamente evitando sobreendeudamiento y fomentando una mayor inversión. La iniciativa suena razonable, pero su impacto real dependerá de la capacidad de penetración y de la calidad de los contenidos. En años anteriores, programas similares tuvieron una difusión limitada y poca evaluación de resultados, lo que deja la duda de si será una medida de fondo o simplemente una fachada de “responsabilidad”.
En conjunto, el paquete busca un crecimiento “sin subir el gasto”, pero la lógica subyacente parece contradecirse. Ampliar crédito y reducir impuestos implica, en la práctica, una pérdida de ingresos que debe ser compensada de alguna forma; elevar salarios sin un aumento de productividad presiona la inflación; y la reducción de aranceles disminuye la recaudación aduanera. La suma de esas piezas no garantiza que el déficit se mantenga estable; más bien, sugiere una reubicación de la carga fiscal que, a la postre, recaerá sobre el contribuyente o sobre la capacidad de inversión del Estado.
Otra cuestión que el anuncio no aclaró es el cronograma de evaluación. ¿Cómo medirá el gobierno si las medidas están cumpliendo su objetivo de “no subir el gasto” y, al mismo tiempo, impulsar la actividad? No se anunciaron indicadores claros ni metas intermedias, lo que dificulta
