Accionistas de Transener embolsan US$44,6 millones en su primer día
Edison Energía y Genneia recibieron el 49 % de los dividendos que el Estado había reservado antes de la venta. La medida reaviva la discusión sobre la privatización de la mayor transportista eléctrica del país.
Transener, la empresa que controla la red de alta tensión que distribuye energía a gran parte del territorio nacional, pasó de ser una entidad pública a formar parte de un consorcio privado en julio de 2023. La operación, impulsada por la Ley de Privatización de los Servicios de Energía Eléctrica, reunió a Edison Energía y Genneia, dos grupos con experiencia en generación y distribución eléctrica y en inversiones de infraestructura. La transacción, valorada en alrededor de US$2 mil millones, generó expectativas de mayor eficiencia y de inversión extranjera, pero también provocó críticas de sectores que temían la pérdida de control sobre una infraestructura estratégica.
En la semana pasada, los nuevos accionistas recibieron el primer pago de dividendos que había sido reservado por el Estado antes de la venta. Según el informe financiero presentado por la propia Transener, el 49 % de los dividendos acumulados –equivalente a US$44,6 millones– se distribuyó entre Edison Energía y Genneia. Cada una de las compañías cobró US$22,3 millones, cifra que corresponde al 24,5 % del total de ganancias que la empresa había generado durante el último ejercicio fiscal.
El origen de esos dividendos se remonta a una decisión tomada por el Congreso en diciembre de 2022, cuando la Cámara de Diputados aprobó la distribución de utilidades generadas por la empresa antes de su privatización. La normativa estableció que el Estado conservaría una parte de esas ganancias para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales. Sin embargo, el Ministerio de Economía no realizó el cobro correspondiente, lo que dejó disponible la totalidad del monto para los nuevos accionistas.
La situación fue señalada por varios legisladores como una “pérdida de recursos públicos”. En una entrevista con la prensa, el senador Carlos Neumann (Frente de Todos) afirmó que “el Estado dejó pasar la oportunidad de recuperar fondos que podrían haberse destinado a la reconversión energética”. Por su parte, la diputada María Brito, integrante de la bancada oposicionista, cuestionó la falta de transparencia en el proceso de liquidación de dividendos y pidió una auditoría independiente.
Los representantes de Edison Energía y Genneia defendieron la legalidad del pago. El director financiero de Edison, Rodrigo López, explicó que “la distribución se realizó conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y a los estatutos de la empresa”. Asimismo, el vocero de Genneia, Laura Gómez, sostuvo que “el cobro de dividendos es una práctica estándar en cualquier operación de privatización y no implica un perjuicio para el Estado, que ya recibió su parte correspondiente”.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, emitió un comunicado en el que se aclaró que “el Estado no percibió los dividendos porque la decisión de reservarlos se tomó después de la firma del contrato de venta”. El ministro de Economía, Sergio Massa, agregó que “el proceso de privatización siguió los cauces legales y que la recaudación de fondos futuros dependerá de los pagos acordados en los plazos de la concesión”.
El episodio se produce en un contexto de creciente debate sobre la gestión de los activos estratégicos en Argentina. Desde la asunción de Alberto Fernández en 2019, la administración ha impulsado la venta de varias empresas estatales, argumentando la necesidad de reducir el déficit fiscal y atraer inversión. Sin embargo, la oposición y algunos analistas advierten que la desinversión masiva podría limitar la capacidad
