Gobierno impone nuevo salario mínimo tras estancamiento del Consejo

El 15 de junio de 2024 el Consejo del Salario, organismo mixto donde confluyen representantes sindicales, empresariales y del Estado, quedó sin consenso. Tras tres jornadas de debate, la falta de acuerdo llevó al Gobierno a intervenir de manera unilateral y a fijar los nuevos valores del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) a partir de septiembre de 2026. La decisión incluye una tabla de incrementos mensuales que se extenderá hasta abril de 2027, y a la par ratifica la fórmula que servirá para calcular la prestación por desempleo.

El SMVM, que sirve como referencia para miles de convenios colectivos y determina la base mínima de ingresos de millones de trabajadores informales, se ubicaba en 87.000 pesos al cierre de 2023. Según el decreto, el nuevo tramo iniciará en 93.000 pesos, con alzas de entre 2.500 y 3.000 pesos cada mes, según la categoría de empleo. El objetivo, según la cartera de Trabajo, es “garantizar la progresividad del ingreso real” y “evitar la pérdida de poder adquisitivo” en un contexto de alta inflación.

Sin embargo, la forma en que se estableció la escala deja varias incógnitas. Primero, la justificación oficial se sustenta en un índice de precios al consumidor (IPC) proyectado a 4,5 % para el próximo año, pero la última encuesta del INDEC mostró una inflación de 8 % en los últimos doce meses. ¿Qué ocurre si la inflación supera esa previsión? No se ha publicado una cláusula de ajuste automático, lo que podría erosionar rápidamente el valor real del aumento.

Segundo, la decisión se dio sin la participación activa de los sindicatos, que habían pedido un aumento del 30 % para el SMVM, argumentando que la última revisión dejó el salario por debajo del costo de la canasta básica. La respuesta del gobierno fue que “la fórmula acordada en 2022 sigue siendo la más equilibrada”, pero no se explicó cómo se llegó a esa conclusión ni qué variables se consideraron. La falta de transparencia alimenta la sospecha de que la medida responde más a una presión política que a un análisis técnico.

Por su parte, la cámara empresarial, representada por la Confederación Patronal, calificó la medida como “excesivamente agresiva”. Argumentó que los incrementos mensuales podrían elevar los costos laborales en un 12 % en el plazo de un año, una carga que, según sus cálculos, podría traducirse en la pérdida de hasta 150.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción y el comercio minorista. La empresa pequeña, que representa el 70 % de la actividad económica nacional, avisa que el aumento de salarios sin una correspondiente reducción de impuestos o subsidios será insostenible.

En el cruce de estos reclamos, la fórmula del seguro de desempleo también fue ratificada. El cálculo se basa en un 70 % del último salario percibido, con un tope máximo de 150.000 pesos. La medida busca “mantener la capacidad de consumo de los trabajadores sin empleo”, pero el propio Ministerio de Economía no divulgó el costo fiscal estimado. Con una tasa de desempleo que ronda el 9 % y una población activa de 19 millones, el gasto adicional podría ascender a 200 millones de dólares al año, una cifra que compite con los planes de inversión en infraestructura anunciados por la Casa Rosada.

Los analistas económicos son escépticos. La economista Laura Martínez, del Instituto de Estudios Laborales, advierte que “un aumento constante del salario mínimo sin una política monetaria coordinada avanza en contra de la estabilización de precios”. Señala que la historia reciente muestra que cada ajuste del SMVM se ha traducido en una reacción inflacionaria de al menos un punto porcentual, lo que a su vez obliga al Banco Central a subir las tasas de interés, encareciendo el crédito para las empresas y los hogares.

A nivel político, la decisión llega en medio de una campaña electoral que se perfila para el próximo año. El oficialismo ha utilizado el tema del “salario digno” como bandera, mientras que la