El Gobierno extrema la tensión con las…
El ministro de Educación, José “Galleguito” Álvarez, acusó este lunes a los rectores de ser cómplices de una supuesta violación del derecho a la enseñanza. La declaración, que vino acompañada de denuncias de “violencia” en Mar del Plata y de un nuevo enfrentamiento con el gobernador de Bahía Blanca, reaviva una pugna que lleva meses en el aire.
El viernes pasado, tras la finalización de un paro nacional que paralizó las aulas de más de 70 % de las universidades públicas, José Álvarez subió al podio del Ministerio de Educación y lanzó una serie de acusaciones que no dejan mucho margen a la conciliación. “Los rectores son cómplices de vulnerar el derecho a la educación”, declaró, sin matizar a qué acciones específicas se refería. La frase, cargada de gravedad, fue el punto de partida de una jornada que terminó con protestas en Mar del Plata y con una disputa abierta con el gobernador de la provincia de Bahía Blanca, Juan Santurio.
El paro, que se extendió durante diez días, reunió a alrededor de 120 000 estudiantes y a más de 3 000 docentes de todas las regiones. La medida, impulsada por la Confederación de Universidades Argentinas (CUA), exigía la revocación de la Ley 27.428, aprobada a inicios de año, que recortó un 15 % el presupuesto universitario y permitió la tercerización de servicios administrativos. Los manifestantes argumentaban que la norma vulneraba la autonomía institucional y ponía en riesgo la calidad docente.
Álvarez, sin embargo, sostuvo que la medida había sido “necesaria para equilibrar las cuentas del Estado”. En su intervención, el ministro no ofreció cifras que justificaran el recorte, ni explicó por qué, a su juicio, los rectores habrían participado activamente en la supuesta vulneración del derecho a la educación. “Cuando los rectores firman convenios con empresas privadas para la gestión de comedores o de seguridad, están entregando a terceros lo que la Constitución les reconoce como función pública”, argumentó, pero no citó ningún documento ni contrato concreto.
La acusación tuvo eco inmediato en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), donde una asamblea de estudiantes reportó incidentes de “violencia” durante la manifestación del viernes. Según el portavoz estudiantil, Pablo García, “hubo enfrentamientos entre la policía y la comunidad universitaria, con uso de gases lacrimógenos que dejaron a varios jóvenes con problemas respiratorios”. La policía, por su parte, negó cualquier exceso, alegando que “se actuó dentro del marco legal para garantizar la seguridad de los presentes”. La falta de pruebas documentales y la ausencia de una investigación independiente dejan la cuestión abierta y alimentan la desconfianza.
En Bahía Blanca, la tensión tomó otro matiz. El gobernador Santurio, quien había anunciado la construcción de un nuevo campus universitario en la zona, criticó duramente la postura del ministro, calificándola de “politizada y sin fundamento”. Santurio recordó que la provincia había destinado 2.300 millones de pesos al financiamiento de la educación superior en los últimos tres años, cifra que, según él, contrasta con la “retórica de castigo” del Ejecutivo nacional. La respuesta de Álvarez fue una nueva acusación: “Santurio está intentando desviar la atención de sus propias fallas de gestión, usando la universidad como escudo político”.
El conflicto pone en evidencia una brecha creciente entre la política nacional y los gobiernos provinciales, que se refleja en la falta de coordinación y en la proliferación de discursos enfrentados. Mientras el ministro insiste en que los rectores son “cómplices”, la mayoría de los rectores ha rechazado la etiqueta, señalando que sus decisiones se tomaron en un contexto de recortes obligatorios y de presión para mantener la operatividad de sus instituciones. La rectora de la Universidad Nacional de La Plata, María López, explicó que “las negociaciones con proveedores privados fueron una respuesta de emergencia para no suspender los servicios básicos, no una conspiración contra la educación”.
Este cruce de acusaciones deja varias preguntas sin respuesta. ¿En qué consisten exactamente los supuestos actos de vulneración que atribuye el ministro? ¿Existe evidencia documental que demuestre una colusión entre rectores y empresas privadas? ¿Quién supervisará la investigación de los incidentes de violencia en Mar del Plata? Además, la falta de una cifra oficial que justifique el recorte presupuestario plantea dudas sobre la transparencia del proceso de aprobación de la Ley 27.428.
La comunidad académica, que ya había expresado su descontento por la falta de participación en la elaboración de la normativa, ahora se enfrenta a un escenario de confrontación institucional. Según datos del Observatorio de la Educación Superior, la matrícula universitaria cayó un 3,2 % en el último semestre, una tendencia que podría intensificarse si el clima de hostilidad persiste. Los estudiantes, que habían logrado una pausa en las clases tras el paro,
