Despidieron a delegada del Garrahan por supuesta inactividad en 2025

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, comunicó el 30 de agosto que la doctora Mariana López, delegada sindical del Hospital Infantil de la Casa del Niño “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, quedó sin empleo a partir de ayer. La causa, según el comunicado, fue la imposibilidad de acreditar que la profesional haya desempeñado funciones asistenciales en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025. La autoridad sanitaria señaló que “la falta de constancia horaria y de registro de actividades clínicas imposibilita confirmar la presencia laboral de la delegada”.

La medida generó una rápida reacción en la Unión del Personal de Salud (UPSA), que calificó la decisión como “un acto de persecución política”. En un comunicado propio, la organización sindical sostuvo que la doctora López estuvo presente en el hospital durante todo el año, pero su labor se enfocó en la gestión de la representación sindical y en la coordinación de movilizaciones frente a la escasez de insumos y a los recortes presupuestarios que, según ellos, afectan la atención pediátrica.

La contradicción más evidente surge de los hechos que la propia delegada protagonizó: en julio de 2025 encabezó una ocupación de la oficina de la Dirección Médica, una acción que quedó registrada en video y difundida por varios medios locales. En ese momento, la doctora López apareció en el lugar, interactuó con periodistas y sostuvo que “el Garrahan no puede seguir trabajando con una política que descuida a los niños”. Si estuvo físicamente presente en la sede del hospital para esas protestas, ¿cómo se justifica la acusación de ausencia laboral?

El comunicado del Ministerio no aclara los criterios exactos que se usaron para determinar la “inactividad”. No se menciona si se revisaron los registros de guardia, los turnos de guardia de guardia, ni si se consultó a la Dirección Médica del hospital. Tampoco se indica si se consideró la labor sindical como parte del desempeño profesional, algo que en otros sectores de la salud sí se reconoce como actividad compatible con la jornada asistencial.

El caso se inserta en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y los sindicatos de salud. Desde principios de 2025, varios hospitales públicos han sido escenario de huelgas y protestas por la falta de medicamentos, la sobrecarga de turnos y la insuficiencia de personal. En el Garrahan, la huelga de febrero dejó sin cobertura a más de 200 camas de cuidados intensivos durante tres días, lo que provocó la intervención de la Fiscalía por “posible riesgo para la salud pública”. La respuesta institucional fue, en su momento, la apertura de una mesa de diálogo que, según los sindicatos, no se concretó.

Aún sin una explicación clara, la decisión de despedir a la delegada plantea preguntas sobre la independencia de los procesos disciplinarios en la función pública. ¿Quién autorizó la medida? ¿Se siguió el procedimiento establecido por la Ley de Servicio Civil, que exige notificación previa y la posibilidad de presentar descargos? La normativa también contempla la necesidad de una investigación interna que garantice la objetividad y el derecho a la defensa. Hasta ahora, el Ministerio no ha publicado el expediente ni ha dado acceso a la evidencia que sustenta la acusación.

La reacción de la comunidad médica ha sido de sorpresa y rechazo. El Colegio de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires emitió una carta abierta solicitando al Ejecutivo que “revise el caso con la mayor transparencia” y que “evite que la censura de la actividad sindical se convierta en precedente”. En la carta se subraya que la ausencia de pruebas claras y la falta de un proceso abierto podrían erosionar la confianza de los profesionales en la administración sanitaria.

Por su parte, la Dirección del Hospital Garrahan, a través de su portavoz, afirmó que “las decisiones de recursos humanos son de competencia del Ministerio y se basan en criterios técnicos”. Sin embargo, la institución no explicó cómo se verificó la supuesta inactividad de la delegada dentro de sus propios sistemas de registro de turnos. En una entrevista concedida a la prensa local, el director del hospital, el Dr. Ricardo Gutiérrez, se mostró “dispuesto a colaborar en cualquier investigación”, pero evitó comentar si el personal del área de gestión de turnos había detectado alguna anomalía.

El caso también reaviva el debate sobre la legitimidad de la acción sindical dentro de los hospitales públicos. Si bien la Ley de Asociaciones Sindicales permite a los delegados ejercer funciones de representación, la normativa establece que “las actividades sindicales no deben interferir con la prestación del servicio esencial”. La ocupación de la oficina de la Dirección Médica, aunque simbólica, generó la interrupción de la agenda de consultas programadas para ese día. La cuestión que queda abierta es si esa interrupción se consideró como “interferencia” suficiente para justificar una sanción tan drástica como el despido.

En el plano legal, la delegada tiene la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante la Justicia Federal, alegando vulneración del debido proceso y de la libertad sindical. Hasta la fecha, su abogado no ha confirmado si se iniciará esa vía. Por otro lado, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Salud, que recientemente amplió sus funciones para supervisar la gestión de recursos humanos en el sector, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el caso.

El episodio pone de relieve la fragilidad de la relación entre el Estado y los representantes de los trabajadores de la salud en un momento crítico para la atención pediátrica nacional. Con la falta de una explicación detallada por parte del gobierno, la comunidad médica y la sociedad civil se quedan