Sobreseñan a dos empresarios tras la trama del ex juez Bailáque

El jueves el juzgado de la Capital dictó el sobreseimiento definitivo de dos empresarios del sector financiero que habían sido acusados de lavar dinero en una operación vinculada a la gestión del ex juez Carlos Bailáque. La resolución, firmada por la jueza de la causa, indica que “no existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación”. Con la medida, los dos agentes bursátiles quedan totalmente desligados del proceso, que había sido iniciado en 2022 por el propio Bailáque cuando, entonces, presidía la Cámara de Apelaciones.

El mismo magistrado, sin embargo, vive una situación diametralmente opuesta: está bajo arresto domiciliario por un caso de extorsión que, según la Fiscalía, habría sido orquestado junto a varios funcionarios de la Corte y un lobbyista cercano a la justicia. La contradicción entre la apertura de la causa contra los empresarios y la posterior caída del juez plantea, al menos, dos interrogantes esenciales. Primero, ¿cómo pudo un magistrado con antecedentes de presión sobre el sistema financiero iniciar una investigación que terminó sin pruebas? Segundo, ¿qué rol jugó el lobbyista, cuya identidad aún no se ha revelado oficialmente, en la configuración de la trama?

La denuncia original señalaba que los dos empresarios, identificados como Marcelo Álvarez y Lucía Fernández, habrían utilizado una “casa de bolsa fantasma” para canalizar fondos provenientes de operaciones bursátiles sospechosas, en un esquema que habría movilizado alrededor de 12 millones de dólares en un período de 18 meses. Según el informe preliminar del Ministerio Público, la supuesta maniobra contaba con la complicidad de funcionarios de la Superintendencia de Valores y una red de contactos cercanos al Poder Judicial, lo que habría facilitado la transferencia de recursos sin la supervisión habitual.

Sin embargo, la defensa de los acusados sostuvo desde el inicio que las acusaciones se basaban en “documentación forzada y testimonios inconsistentes”. En la audiencia de febrero, el abogado defensor, Santiago Ríos, presentó correos electrónicos que, según él, demostraban la ausencia de cualquier instrucción directa del juez Bailáque. “Los hechos que se nos imputan no tienen sustento legal ni probatorio. Se trata de una persecución política disfrazada de lucha contra el lavado de dinero”, declaró Ríos frente a la cámara.

La jueza que cerró el caso, la magistrada Ana Lucía Méndez, justificó su decisión citando la falta de pruebas técnicas que conectaran a los empresarios con los fondos ilícitos. “Los peritajes contables no lograron establecer una trazabilidad clara que vincule a los acusados con los movimientos señalados”, explicó en su fallo. No obstante, la resolución omite mencionar el rol del lobbyista que, según la investigación de la Fiscalía, habría facilitado la comunicación entre Bailáque y los funcionarios de la Superintendencia, creando una “capa de protección” para los recursos sospechosos.

El caso vuelve a poner en la lupa la relación entre el poder judicial y los sectores empresariales. La existencia de un lobbyista que, presuntamente, operaba como puente entre la Corte y la industria financiera, sugiere una vulnerabilidad estructural que aún no se ha abordado. ¿Cuántas otras investigaciones podrían haberse visto condicionadas por intereses externos? La falta de transparencia sobre la identidad del lobbyista y los detalles de sus contactos con la Corte deja un vacío que alimenta la desconfianza ciudadana.

Por otro lado, la situación de Bailáque genera otra serie de preguntas. El ex magistrado había sido aplaudido en 2021 por su supuesta “lucha contra la corrupción financiera”, pero la acusación de extorsión revela un panorama opuesto. La Fiscalía sostiene que el juez habría exigido pagos a cambio de “favorabilizar” ciertos expedientes, una práctica que, de confirmarse, vulneraría los principios de imparcialidad y legalidad. La defensa del juez, sin embargo, argumenta que los cargos son “un intento de desestabilizar al Poder Judicial” y que la evidencia contra él es circunstancial.

En el contexto político actual, la maniobra judicial que llevó al sobreseimiento de Álvarez y Fernández se produce en medio de una creciente presión de la oposición para reformar la justicia. Legisladores de distintos bloques han pedido la creación de un organismo independiente que supervise los vínculos entre jueces y actores económicos. La falta de avances concretos en esa agenda, sin embargo, mantiene el terreno fértil para que casos como el de Bailáque se repitan.

El sobreseimiento también plantea dudas sobre la efectividad de los recursos de defensa en el sistema judicial argentino. Mientras los empresarios lograron “ganar” la batalla legal, la Fiscalía sigue investigando a los funcionarios y al lobbyista, sin que se haya anunciado una fecha clara para el cierre del caso. La ausencia de una resolución integral deja la sensación de que la justicia ha cerrado una puerta, pero sigue con otras abiertas.

En última instancia, el episodio subraya la necesidad de una auditoría exhaustiva de los procesos de investigación y de los canales de influencia entre la judicatura y los sectores productivos. La ciudadanía merece respuestas claras: ¿Qué mecanismos existen para evitar que un juez pueda abrir una causa basada en intereses personales? ¿Cómo se garantiza que los lobbyistas no actúen como intermediarios que tornen