Justicia federal asume demanda que busca frenar proyecto petrolero Sea Lion

La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa que intenta detener el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en el Atlántico Sur a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago de las Malvinas. En una resolución publicada este miércoles, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) contra las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).

La medida no ordena la suspensión inmediata del proyecto, pero habilita formalmente al Juzgado Federal de Río Grande para conocer la causa, que combina reclamos ambientales con la disputa de soberanía sobre las islas. Los demandantes piden que las empresas se abstengan de iniciar o continuar obras, perforaciones e instalaciones hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente ante las autoridades argentinas.

Para fundamentar su competencia, la magistrada adoptó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que existen razones concurrentes de materia, territorio y jurisdicción internacional que justifican que el expediente permanezca en la Justicia Federal. Subrayó que el proyecto se desarrolla en aguas del Atlántico Sur cuya dinámica oceanográfica y conectividad ecosistémica integran las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur; una eventual degradación ambiental alcanzaría recursos de carácter interjurisdiccional.

Borruto también recordó que la infraestructura prevista para Sea Lion —pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), líneas de flujo y risers— se instalará sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima argentina. Además, indicó que detrás del planteo ambiental subyace una cuestión de defensa de la soberanía nacional, al considerar que territorio, recursos naturales y ambiente son bienes colectivos de interés federal.

En la misma resolución la jueza ordenó la intervención de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, al entender que el espacio marítimo e insular forma parte del territorio provincial y que las provincias conservan el dominio originario sobre sus recursos naturales. También dispuso consultar el Registro Público de Procesos Colectivos para verificar la existencia de causas similares antes de avanzar con el trámite del expediente.

El pedido de medidas cautelares para suspender el proyecto quedó pendiente. La magistrada señaló que la solicitud no se resolverá hasta que se cumplan requisitos formales, entre ellos la traducción de documentación extranjera, la incorporación de documentos remitidos por enlaces electrónicos y la verificación de que no existan acciones paralelas sobre el mismo objeto.

Sea Lion es, según la información difundida por Navitas, el mayor desarrollo hidrocarburífero previsto en las aguas próximas a las Malvinas. El yacimiento, descubierto en 2010, se sitúa a una profundidad de alrededor de 450 metros y cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera etapa del proyecto contempla una producción de unos 50 000 barriles diarios, con el inicio comercial estimado para marzo de 2028.

El plan de inversión incluye 1.800 millones de dólares hasta la puesta en marcha del primer petróleo, a los que se sumarán otros 2.100 millones durante la fase de explotación, prevista para unos 30 años. La fase inicial se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), donde se perforarán 11 pozos submarinos conectados a una FPSO; tres años después se agregarían 12 pozos más. Posteriormente se avanzará al Área de Desarrollo Central (CDA), con 38 pozos distribuidos en dos etapas, superando en total los 60 pozos submarinos previstos.

La decisión judicial se produce en medio de una renovada agenda oficial sobre la cuestión Malvinas. En las últimas semanas el Gobierno anunció sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, aceleró la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y volvió a colocar la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur como eje central de su política hacia las islas. La intervención de la Justicia Federal abre ahora una nueva fase en la disputa, que seguirá desarrollándose tanto en los tribunales como en la arena política.