Shanahan y su familia serán indagados por lavado de activos
El ex titular de la Terminal Puerto Rosario, condenado a siete años por narcotráfico, comparecerá el viernes ante la justicia por presunto lavado de dinero. La investigación también incluye a su esposa y a sus dos hijos, detenidos en allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional la semana pasada.
Gustavo Pedro Shanahan, quien dirigió la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2012, está recluido en un penal federal tras haber sido sentenciado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico. La condena se basó en la existencia de una oficina en el centro de la ciudad donde vendía dólares a integrantes de la organización criminal liderada por Julio Andrés Rodríguez Granthon.
El próximo viernes Shanahan será indagado en una causa de lavado de activos que también involucra a su esposa, Graciela Tuerto, y a sus hijos, Esteban Gustavo y Lucila Olga Shanahan. La medida se produce después de que la Gendarmería Nacional realizara allanamientos en tres inmuebles de Rosario: en Brown 1600, en Urquiza 2000 y en Morrison 8700, este último en el barrio de Fisherton. En el operativo se detuvo a la familia y se incautaron vehículos, teléfonos móviles y equipos informáticos que serán peritados.
Los fiscales que impulsan la investigación son Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y los fiscales Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal. La Unidad de Información Financiera (UIF) también colaboró. El juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, autorizó los operativos.
Según la información disponible, la causa se sustenta en hechos de lavado de activos vinculados al narcotráfico y a presuntos actos de corrupción. La investigación apunta a una posible relación con la venta de acciones de la Terminal Puerto Rosario que se realizó entre 2010 y 2012, cuando Shanahan adquirió la mayor parte de la empresa y la puso al frente. En esa época se habría facilitado la llegada de la empresa española de Jordi Pujol (hijo), Vicentin y el grupo chileno Ultramar.
El Banco Nación había advertido en 2020 sobre una operación de cambio de acciones en la terminal, aunque los detalles siguen sin confirmarse. La Fiscalía presume que la venta de acciones pudo servir como fachada para mover fondos provenientes de la actividad ilícita. En el caso de Shanahan, se habría utilizado una propiedad en España y otra en La Rioja para operar la compra‑venta de divisas, con conocimiento de que los compradores estaban vinculados al narcomenudeo. Intervenciones telefónicas de Facundo Pérez, mano derecha del detenido, revelaron que se aplicaba un recargo del 2 % sobre la cotización del dólar blue, bajo el argumento del “riesgo” de la operación.
Los investigadores también documentaron la existencia de una financiera paralela vinculada a Shanahan, desde donde se trasladaba efectivo desde Villa Banana, zona oeste de Rosario, a través de bolsos y mochilas que fueron hallados en los allanamientos. La justicia consideró que las divisas facilitadas por Shanahan eran esenciales para la organización criminal, pues permitían convertir el dinero ilícito y adquirir cocaína para abastecer los “búnkeres” de Villa Banana.
Aunque inicialmente se había planteado una acusación por lavado de activos, los fiscales concluyeron que Shanahan actuó con pleno conocimiento de la procedencia del dinero y de la actividad de la organización, por lo que la causa se mantiene bajo la figura de lavado de activos precedentes de narcotráfico y corrupción.
La indagación prevista para el viernes será el primer paso de un proceso judicial que podría ampliar las responsabilidades penales de la familia Shanahan y esclarecer la supuesta red de lavado vinculada a la Terminal Puerto Rosario. Mientras tanto, la comunidad de Rosario sigue atenta a los avances de la causa, que pone en el foco la intersección entre el comercio de divisas informal y el crimen organizado en la región.
