Oposición lanza proyecto para frenar caída del 98 % en obras

El recorte presupuestario del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU) desencadenó una dramática reducción en la ejecución de obras de infraestructura. Según los datos publicados, la actividad cayó un 98 % desde la última disminución de recursos, y más de la mitad de los proyectos previstos quedaron en pausa en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La paralización afecta a barrios populares que dependen de esas obras para mejorar servicios básicos, accesibilidad y calidad de vida.

Frente a esa realidad, la oposición federal presentó ayer un proyecto de ley cuyo objetivo es “garantizar la continuidad y culminación de las obras de integración”. En su texto, los legisladores proponen crear un mecanismo de seguimiento y control que obligaría a los gobiernos provinciales y municipales a destinar un porcentaje fijo de sus presupuestos a los proyectos ya iniciados, y a establecer un registro público de avances. Asimismo, el proyecto plantea la creación de un fondo de garantía alimentado por aportes del Estado nacional y de la iniciativa privada, con la premisa de cubrir los vacíos que dejó la reducción del FISU.

Si bien la intención resulta clara, la propuesta deja varios puntos sin detallar. En primer lugar, la fuente no indica cuál sería el porcentaje de presupuesto que los entes locales tendrían que reservar ni cómo se calcularía esa cifra. Sin esa precisión, resulta difícil evaluar el impacto fiscal que implicaría la medida, especialmente en provincias que ya atraviesan dificultades económicas. Además, el proyecto menciona un “fondo de garantía” sin especificar su origen ni su tamaño. ¿De dónde provendrían los recursos? ¿Se financiaría con impuestos, con la venta de activos o mediante préstamos? La ausencia de estos datos abre la puerta a preguntas sobre la sostenibilidad del esquema.

Otro aspecto que genera dudas es la capacidad operativa del organismo de control que se propone. La iniciativa sugiere la creación de una comisión interjurisdiccional para supervisar la ejecución de los trabajos, pero no se indica quién la integraría, qué poderes tendría ni cómo se garantizaría su independencia de presiones políticas locales. En contextos donde la corrupción y la falta de transparencia ya son habituales en la gestión de obras públicas, la mera existencia de un organismo de control no asegura resultados concretos. La falta de información sobre los mecanismos de rendición de cuentas debilita la confianza en la propuesta.

La iniciativa también ignora la raíz del problema: la drástica reducción del FISU. Desde que se recortó el fondo, la caída del 98 % en la ejecución de obras no solo refleja la escasez de recursos, sino también una pérdida de capacidad institucional para planificar y gestionar proyectos de gran escala. La oposición parece enfocarse en “parches” de financiación sin abordar la necesidad de reactivar o reestructurar el propio fondo. ¿Se contempla la posibilidad de restablecer el FISU o, al menos, de crear una alternativa permanente de financiación? La respuesta no aparece en el proyecto presentado.

En el terreno, la paralización de obras está teniendo consecuencias palpables. En barrios de la periferia de la capital y de provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, la falta de pavimentación, alumbrado y equipamiento social está generando un aumento en la vulnerabilidad de los residentes. Organizaciones locales denuncian que la ausencia de inversión está alimentando la desigualdad y la exclusión. Sin embargo, la propuesta de la oposición no incluye medidas de priorización de los proyectos más críticos ni una hoja de ruta clara para reactivar los trabajos más urgentes. La falta de un plan de acción detallado deja a la población en la incertidumbre de cuándo verá mejoras concretas.

Desde la bancada oficial, la respuesta ha sido escéptica. Los ministros encargados del FISU argumentan que el recorte respondió a la necesidad de ajustar el gasto público y que, en lugar de crear nuevos fondos, se debería optimizar la ejecución de los recursos existentes. No obstante, no ofrecen datos sobre los ahorros logrados ni explican por qué la caída de la ejecución fue tan abrupta. La falta de transparencia en la gestión del FISU alimenta la percepción de que la política de recorte fue más política que técnica.

En este cruce de caminos, la pregunta central que queda sin respuesta es: ¿cómo se financiarán y supervisarán efectivamente los cientos de proyectos que hoy están en pausa? La propuesta de la oposición abre la discusión, pero su ausencia de cifras concretas, de criterios de priorización y de garantías de independencia la convierten en una hoja de ruta incompleta. Mientras tanto, los vecinos de los barrios populares siguen esperando que las obras prometidas dejen de ser promesas y se conviertan en realidad tangible. El debate que se abre en el Congreso deberá ir más allá de la creación de comisiones y fondos; necesitará respuestas claras sobre recursos, plazos y mecanismos de control que realmente pongan fin a la caída del 98 % en la ejecución de obras.